Cachicoto: diez años sin operar y el Gorehco aún debe acreditar el expediente para rescatarlo

El nuevo Centro de Salud de Cachicoto, en el distrito de Monzón, continúa sin funcionar más de diez años después de ser recibido por el Gobierno Regional de Huánuco. El problema no se explica principalmente por la falta de personal, como podía desprenderse de una entrevista al exconsejero Waldo Basilio, sino por deficiencias conocidas antes, durante y después de la construcción: presencia de aguas subterráneas, filtraciones, instalaciones eléctricas comprometidas y trabajos complementarios de drenaje que quedaron inconclusos. La situación administrativa tampoco está cerrada. El consejero regional Nicolás Inga Esteban anunció el 14 de mayo que el expediente para habilitar el establecimiento estaría listo en junio y que luego debía aprobarse el presupuesto para reacondicionar la infraestructura, solucionar definitivamente las filtraciones y reemplazar equipos. Al 29 de julio, las fuentes públicas revisadas no muestran la resolución que apruebe ese documento, su costo final ni un cronograma de ejecución. Las alertas fueron ignoradas El origen del problema quedó establecido en el Informe de Control Específico n.° 054-2024-2-5339-SCE. Contraloría determinó que el expediente técnico fue aprobado en junio de 2014 pese a que el evaluador y el estudio hidrológico habían advertido la presencia de aguas subterráneas. Durante la ejecución, el residente y el supervisor comunicaron que las tuberías del sistema eléctrico colocadas en el piso estaban inundadas, pero los trabajos continuaron. La obra fue recibida en enero de 2016 aun cuando el agua ya había afectado los buzones eléctricos. Cinco meses después, varios ambientes presentaban filtraciones. El Gobierno Regional pagó S/ 31 mil por otro expediente de drenaje y destinó S/ 852 765 a obras complementarias por administración directa; sin embargo, estas no se concluyeron ni resolvieron el ingreso de agua. El órgano de control calculó un perjuicio de S/ 354 451 e identificó indicios de responsabilidad penal en cinco exfuncionarios y responsabilidad administrativa en otras tres personas. Esa conclusión motivó la recomendación de iniciar acciones legales; no equivale a una condena. Una inspección realizada en abril de 2025 mostró que el abandono ya alcanzaba los sistemas eléctrico y sanitario, el tanque elevado, las bombas, el grupo electrógeno y la subestación. Contraloría también encontró equipos biomédicos adquiridos por S/ 1,75 millones —entre ellos una incubadora, una cuna radiante, equipos de fototerapia, rayos X y odontología— expuestos al deterioro. Mientras tanto, los 6075 habitantes considerados por el proyecto siguen acudiendo al antiguo establecimiento, cuya infraestructura también presenta rajaduras, humedad y filtraciones. Dos diagnósticos todavía enfrentados El Gobierno Regional sostuvo en octubre de 2025 que el edificio era recuperable. Su gerente de Infraestructura, Daniel Mallqui Estacio, afirmó que el acero, el concreto, la cimentación, las columnas y las vigas se encontraban en condiciones favorables, y que el ingreso de agua desde tres puntos externos podía mitigarse mediante un encapsulamiento y drenaje perimetral. Esa versión debe armonizarse con la visita de Contraloría de 2025, que calificó la ladera colindante como zona de alto riesgo no mitigable. Además, cuando Mallqui anunció la viabilidad todavía faltaban evaluaciones de riesgos, arquitectura, sistema eléctrico y equipos biomédicos. Por ello, ni la demolición ni la recuperación integral pueden presentarse como decisiones técnicas definitivas sin el expediente aprobado. Lo que aporta —y lo que no prueba— la entrevista Basilio aporta memoria sobre las gestiones iniciales y plantea limpiar y rebajar los jirones Loreto y Tantamayo, colocar material afirmado y construir drenajes laterales para impedir que las lluvias sigan llevando agua al establecimiento. Su propuesta coincide parcialmente con la necesidad de controlar los ingresos externos, pero no sustituye los estudios estructural, hidrogeológico, eléctrico, sanitario, biomédico y de gestión del riesgo. El exconsejero estimó la población en casi 9 mil personas y dijo haber escuchado que el 70 % de la infraestructura ya no serviría. Ningún documento entregado respalda esa proporción y, por tanto, no corresponde publicarla como hecho. El monto de “casi S/ 10 millones” recordado por Basilio se aproxima a los S/ 9 697 725 consignados por Contraloría en 2024 como inversión original. Sin embargo, la evaluación oficial más reciente calculó en S/ 11 583 585 la inversión pública actualmente en riesgo. Después de una década de abandono y varios plazos anunciados, Cachicoto ya no necesita otro diagnóstico verbal. Necesita la publicación del expediente aprobado, su presupuesto, el tratamiento definitivo de las filtraciones, el inventario de equipos recuperables, el cronograma de obra y el plan de personal que permitirá abrir el establecimiento.