El avance del gasto presupuestario del Gobierno Regional de Huánuco volvió a instalarse en el centro del debate político local. El consejero regional por la provincia de Huánuco, Olchese Tarazona, expresó su preocupación por una ejecución de 9,2% y sostuvo que ese nivel mantiene a la región en una ubicación rezagada frente a otros gobiernos subnacionales, según declaró en una entrevista periodística.
Tarazona afirmó que la cifra confirma un problema que, a su juicio, acompaña a la actual gestión desde su inicio. Según manifestó, mientras otras administraciones regionales se acercan al 50% de ejecución, Huánuco continúa con un ritmo bajo de inversión y sin señales visibles de corrección en la etapa final del mandato. Para el consejero, esa diferencia refleja fallas de programación y capacidad de respuesta.
El consejero también vinculó el dato presupuestal con efectos directos sobre la población. Según indicó, una baja ejecución no solo representa un mal indicador administrativo, sino que se traduce en obras que no avanzan o no se concretan, como escuelas, puestos de salud y carreteras, en una región que mantiene brechas de infraestructura y servicios básicos.
Pedido de explicaciones
Tarazona sostuvo además que el problema no puede desligarse de la continuidad del equipo técnico. Según señaló, el gerente general y los principales funcionarios siguen siendo, en lo esencial, los mismos, por lo que los resultados actuales responderían a lineamientos que no han variado de manera sustancial. En esa línea, cuestionó que no se hayan adoptado correcciones pese a los antecedentes y observaciones previas.
Durante la entrevista, el consejero advirtió también sobre el riesgo de concentrar el gasto en los últimos meses del año. De acuerdo con su versión, esa práctica podría derivar en un uso apresurado de los recursos públicos, en lugar de una ejecución planificada. Añadió que la región incluso ha enfrentado problemas para devolver millones que, según refirió, pudieron mantenerse en inversión para Huánuco.
Tarazona precisó que el Consejo Regional tiene facultades de fiscalización, pero no mecanismos de censura para remover funcionarios. Por ello, consideró necesario que el gobernador regional y su gerente general sean convocados a una sesión para explicar el bajo avance presupuestal. A su juicio, esa información también debió pesar en el debate sobre el viaje del gobernador al extranjero.
La controversia, por ahora, no se agota en una cifra. El siguiente movimiento político dependerá de si el Ejecutivo regional responde al pedido de explicaciones y precisa cómo enfrentará un resultado que, según el consejero, compromete no solo indicadores de gestión, sino también el ritmo de obras que la población espera.
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