Los productores que trabajan en la Alameda de la República no están dispuestos a retirarse sin un plan de reubicación. Así lo advirtió Lucio Candelario Arratea, presidente de la Federación de Productores Agropecuarios de las Comunidades Campesinas de la provincia de Huánuco, quien indicó que los dirigentes ya acordaron una posición firme: si no existe un plan de contingencia bien estructurado, no saldrán de la zona y evaluarán medidas de protesta.
El reclamo de Candelario cambia el eje del debate. La remodelación ya no enfrenta solo observaciones técnicas sobre árboles, diseño o expediente, sino una resistencia social concreta de quienes utilizan la Alameda como espacio de trabajo. El dirigente señaló que los productores no fueron sensibilizados sobre el proyecto y desconocen los detalles de la intervención. Por ello, afirmó que ya existe un pronunciamiento y se evalúa salir a las calles mediante marcha o huelga.
La falta de socialización también fue cuestionada por Clever Calixto Natividad, presidente del Comité Central de Juntas Vecinales de Huánuco. Según explicó, en proyectos de intervención pública se debe convocar a autoridades, dirigentes y población, además de informar por prensa escrita, radio y televisión. Para Calixto, ese proceso permite construir licencia social y evitar conflictos. En el caso de la Alameda, sostuvo que eso "no se hizo, no se hace o no se quiere hacer".
Sin reubicación no habrá salida
El punto más sensible para los productores no es solo abandonar temporalmente la Alameda, sino saber dónde continuarán trabajando, bajo qué condiciones y durante cuánto tiempo. Ante la pregunta periodística sobre la necesidad de un espacio seguro, limpio y adecuado, Candelario respondió que, sin un plan de reubicación bien estructurado, la decisión será no salir. Esa precisión es clave: no se trata de una oposición absoluta a la obra, sino de una exigencia previa.
Calixto advirtió que el conflicto viene escalando porque muchos dirigentes recién se están enterando del contenido del anteproyecto. Según dijo, se ha mencionado incluso una marcha contra la intervención, mientras algunas autoridades anuncian fechas de inicio. En su lectura, la imposición y la falta de diálogo están creando un escenario peligroso: dirigentes con poca información, feriantes con temor a perder su espacio de trabajo y población dividida sobre el sentido de la obra.
La tensión también se cruza con el calendario del aniversario de Huánuco. Antonio Jara señaló que la feria es una de las actividades principales y que las comisiones municipales aún evalúan presupuesto y programación. En ese contexto, cuestionó que se quiera intervenir la Alameda sin resolver antes dónde se desarrollará la feria y cómo se garantizará el orden. Según afirmó, su gestión ha procurado manejar los aniversarios con austeridad y con apoyo de auspiciadores, sin cargar el gasto a la Municipalidad.
Construcción Civil entra al conflicto
El punto más delicado fue introducido por el propio alcalde. Jara rechazó la intervención de Construcción Civil y afirmó que no aceptará amenazas ni intromisiones. Según su versión, miembros de ese sector habrían señalado públicamente que podían retirar a los feriantes de la Alameda. El alcalde respondió que ellos no son dueños del espacio y que no pueden atribuirse funciones que corresponden a las autoridades.
Jara sostuvo que "respetos guardan respetos" y advirtió que quienes alienten enfrentamientos serán responsables de las consecuencias. Su posición buscó marcar distancia entre la discusión legítima sobre una obra pública y cualquier intento de presión física o política sobre comerciantes y productores. Para el alcalde, la remodelación puede discutirse, pero no bajo amenaza ni con terceros pretendiendo imponer decisiones.
El burgomaestre también insistió en que no se opone a las obras para Huánuco. Recordó que firmó convenios con el Gobierno Regional para proyectos como la Alameda y la Laguna, y afirmó que la controversia no nace de un rechazo al progreso, sino de la falta de documentos. Según dijo, ha pedido diseño, expediente y estudio de impacto ambiental para explicar técnicamente la intervención a quienes se oponen.
Rodolfo Espinoza, desde una mirada crítica, advirtió que la falta de socialización puede volver inviable la obra. Según su posición, un proyecto cuestionado por vecinos, feriantes y sectores ambientales corre el riesgo de convertirse en un gasto sin continuidad, especialmente cuando las autoridades están cerca del final de su mandato. En su evaluación, una intervención sin consenso podría quedar paralizada o ser descartada por la siguiente gestión.
La Alameda se ha convertido así en un espacio de choque entre obra pública, actividad económica y autoridad. Los productores piden garantías para no perder su fuente de ingresos; los vecinos reclaman información; el alcalde exige documentos y rechaza presiones externas; y los críticos cuestionan el sentido urbano del proyecto. Si antes no se presenta un plan de reubicación claro, el primer movimiento de maquinaria podría encontrar no solo dudas técnicas, sino resistencia organizada en la calle.
LEYENDA
Créditos foto: Vivero Tishgo
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