Alameda queda bajo cerco ambiental: MINAM exige certificación y Fiscalía activa patrullajes

La obra de la Alameda de la República quedó bajo una doble exigencia institucional antes de su ejecución: certificación ambiental previa y vigilancia fiscal-policial sobre las áreas verdes. El Ministerio del Ambiente concluyó que el proyecto puede generar impactos ambientales negativos significativos, mientras la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huánuco exhortó a la Policía Nacional a reforzar patrullajes en la zona. El informe n.° 000312-2026-VMGA-DGPIGA-DGEIA del MINAM señala que el proyecto “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la Av. La Alameda de la República y Jr. Prolongación La Alameda de la República”, con CUI n.° 2680649, requiere certificación ambiental antes de su ejecución. La conclusión se emitió luego de que el Gobierno Regional precisara que la intervención no solo comprende vías locales, sino vías colectoras. La Fiscalía Ambiental, mediante la Disposición n.° 2 suscrita por el fiscal provincial César Gonzales Ramos, dispuso acciones preventivas y exhortó a la PNP, a través del Departamento de Medio Ambiente, a reforzar patrullajes y velar por la protección de árboles y áreas verdes. Según la disposición, las autoridades regionales y locales deben supervisar que el expediente técnico, la documentación ambiental y los permisos cumplan con la normativa vigente. El cambio que activó la exigencia ambiental El MINAM recordó que en una primera respuesta se indicó que el proyecto no requería certificación ambiental si comprendía únicamente vías locales. Sin embargo, una nueva consulta de la Gerencia Regional de Infraestructura incorporó un dato decisivo: la Alameda y la Prolongación Alameda fueron presentadas como vías colectoras, lo que obligó a una nueva evaluación técnica. Según la información remitida al ministerio, la intervención comprende 1.233 kilómetros, demolición y retiro de infraestructura existente, nuevo pavimento rígido, calzadas, estacionamientos, cunetas y veredas sobre un área total de 21,344 metros cuadrados. El proyecto se ubica en zona urbana residencial de mediana densidad y clasificada como Zona de Recreación Pública. El documento detalla que la avenida Alameda de la República, en cinco cuadras, pasaría de seis carriles actuales —cuatro principales y dos auxiliares— a cuatro carriles, dos por sentido. En esa vía, el índice medio diario anual proyectado subiría de 3,438 a 5,381 vehículos. En Prolongación Alameda, el tránsito proyectado pasaría de 2,579 a 6,986 vehículos. El dato ambiental más sensible está en el arbolado. El informe del MINAM registra que el proyecto contempla el retiro o tala justificada de 219 individuos arbóreos y el traslado de 191 palmeras y árboles. Para el ministerio, esa intervención, sumada al ruido, material particulado, residuos de construcción, alteración del tránsito y manejo del arbolado, puede incidir en la calidad de vida de la población y en las condiciones del entorno urbano. Fiscalía pone a la PNP en la zona La disposición fiscal refuerza el nuevo escenario. La Fiscalía recordó que, conforme a la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, no pueden ejecutarse proyectos con impactos ambientales significativos sin contar previamente con certificación ambiental. También pidió que la Policía de Medio Ambiente realice patrullajes extraordinarios para garantizar la conservación de las áreas verdes y actuar conforme a ley ante presuntas infracciones ambientales. El MINAM, además, precisó que el titular debe gestionar ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles la clasificación del proyecto mediante una Evaluación Preliminar. También aclaró que su pronunciamiento no constituye viabilidad ambiental ni exonera al Gobierno Regional de obtener autorizaciones, licencias y permisos antes del inicio de la obra. El informe cita normas sobre protección de espacios públicos, áreas verdes y arbolado urbano. También recuerda que la Ordenanza Municipal n.° 017-2016-MPHCO exige una reposición mínima de diez árboles por cada árbol afectado por obras o intervenciones, por lo que el titular debe prever medidas y presupuesto para mitigar el impacto. La presión ciudadana también crece. Un memorial presentado el 6 de julio ante la Municipalidad Provincial de Huánuco y el Gobierno Regional, firmado por 356 vecinos, pidió proteger la intangibilidad de los árboles y rechazó una intervención que califican de arbitraria. Los vecinos también cuestionaron la reducción de carriles y exigieron atender las antiguas redes de agua y desagüe del sector. El proyecto queda ahora condicionado por tres filtros: el técnico, marcado por el MINAM; el preventivo, activado por la Fiscalía Ambiental y la PNP; y el ciudadano, expresado en el memorial vecinal y los reclamos de feriantes. Antes de mover maquinaria, el Gobierno Regional tendrá que demostrar que cuenta con certificación ambiental, permisos sobre el arbolado y una ruta clara para evitar que una obra urbana termine convertida en conflicto legal, ambiental y social.