La obra de la Alameda de la República dejó de ser solo un proyecto urbano y se convirtió en un conflicto político, ambiental y legal. El Consejo Municipal de Huánuco aprobó invitar al gobernador regional Antonio Pulgar y a su equipo técnico para que sustenten el expediente antes del 15 de julio, según confirmó el regidor Joel Arteaga, en medio de una controversia que ya involucra a regidores, colegios profesionales, abogados y sectores de la sociedad civil.
Arteaga señaló que el Concejo autorizó previamente entregar la unidad ejecutora al Gobierno Regional de Huánuco para intervenir la Alameda. Sin embargo, precisó que los regidores desean conocer “todo el expediente” antes de emitir una posición definitiva. Para ello, el alcalde Antonio Jara deberá convocar a una sesión extraordinaria, cuya fecha será coordinada entre la municipalidad y el gobierno regional.
La regidora Sherly Morales fue más contundente. Según indicó, el Consejo Provincial autorizó al alcalde a firmar convenios, pero eso no implica que el proyecto pueda avanzar sin una explicación pública. Morales solicitó que Pulgar y sus técnicos expongan el 6 de julio, en el Salón San Sebastián, ante la prensa, colegios profesionales y la población. Su principal cuestionamiento apunta a la posible tala de 200 árboles, la reubicación de feriantes, el cambio de tuberías y la falta de claridad sobre partidas y estudios técnicos.
La empresa también entra en el debate. Morales añadió un dato sensible: sostuvo que la empresa vinculada a la ejecución de la Alameda sería la misma que participa en una obra municipal suspendida casi dos años en el tramo Pachachupán, Nueva Independencia, Huancaya y San Pablo de Pillao. Según la regidora, se trataría de Constructora Minera de Servicios Múltiples Santa Ana, relacionada con Nora Pilar Solórzano Loarte. Esta afirmación requiere contraste documental antes de presentarse como hecho cerrado, pero introduce una línea de fiscalización relevante.
El frente legal también se abrió. El exdecano del Colegio de Abogados de Huánuco, Hernán Cajusol Chepe, afirmó que una acción de amparo puede ir acompañada de una medida cautelar y que, si esta es concedida, el proyecto podría paralizarse mientras se resuelve el proceso principal. Cajusol indicó que la medida cautelar debería evaluarse bajo criterios de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, especialmente si se alega riesgo de daño irreversible por tala de árboles.
Según Cajusol, un amparo puede resolverse en meses en primera y segunda instancia, pero si llega al Tribunal Constitucional podría tardar años. También sostuvo que el juez podría pronunciarse sobre una medida cautelar en tres días, aunque en la práctica puede demorar una semana o diez días. Su análisis coloca a la Alameda en un escenario de incertidumbre: aun si la obra tiene respaldo administrativo, podría enfrentar un freno judicial.
Identidad, árboles y socialización
El exdirector de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco, Carlos Ortega, agregó otro ángulo: la identidad urbana. Señaló que la Alameda tiene valor histórico y que cualquier intervención debe modernizar sin borrar los referentes que conectan a la ciudad con su memoria. Ortega no rechazó la mejora del espacio, pero advirtió que reemplazar árboles o transformar la vía en un bulevar podría afectar la identidad del lugar si no se hace con criterios técnicos y culturales.
Ortega también cuestionó la falta de socialización como un patrón en obras públicas recientes. Según indicó, la población conoce poco del proyecto y el Gobierno Regional debería explicar con mayor detalle qué se intervendrá, qué se conservará y qué se reemplazará. Para él, no basta afirmar que habrá modernización: se debe mostrar el impacto sobre ambiente, movilidad, memoria urbana y calidad de vida.
El siguiente punto de quiebre será la asistencia de Pulgar y su equipo técnico. Si acuden, el debate pasará del rechazo general a la revisión del expediente. Si no lo hacen, el Consejo Municipal podría tomar nuevas acciones, según adelantó Morales. La Alameda, por ahora, ya no se juega solo en planos: se juega en la confianza pública, en la transparencia técnica y en la capacidad de las autoridades para responder antes de que el conflicto escale.
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