Agricultores denunciaron amenazas y conflictos vinculados al avance de la minería ilegal sobre terrenos agrícolas que, según indicaron, alcanzarían más de mil hectáreas. Los pobladores señalaron que su principal demanda es recibir protección de las autoridades para continuar trabajando sin temor a nuevos ataques.
Un poblador sostuvo que las familias afectadas buscan mantener sus labores agrícolas sin presiones ni violencia. “Pedimos justicia, que las autoridades nos apoyen. Queremos trabajar libres”, manifestó, al advertir que la situación ha generado preocupación entre quienes dependen directamente del campo.
Los agricultores pidieron que las instituciones competentes intervengan y atiendan sus denuncias. Según señalaron, la expansión de actividades ilegales representa una amenaza para sus terrenos, su seguridad y la continuidad de su trabajo diario.
Pedido de garantías para trabajar
La demanda central de las familias es contar con garantías frente a posibles nuevos ataques. De acuerdo con lo expresado por los pobladores, la falta de intervención oportuna podría agravar el conflicto y afectar a más agricultores de la zona.
Los denunciantes insistieron en que no buscan enfrentamientos, sino condiciones mínimas para seguir produciendo. Según indicaron, la protección estatal resulta clave para evitar que el avance de la minería ilegal desplace actividades agrícolas en terrenos que sostienen a varias familias.
El caso queda ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán evaluar las denuncias presentadas y definir medidas de protección. Para los agricultores, la respuesta institucional marcará si podrán continuar trabajando sus tierras o si el conflicto seguirá creciendo.
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