La empresa, durante inspecciones, ha señalado que los reclamos deben seguir la vía administrativa y que existe margen de error en mediciones
El conflicto entre usuarios y SEDA Huánuco entró en una nueva fase de tensión luego de que dirigentes y ciudadanos difundieran una verificación a un medidor que, según afirmó Alfredo Quispe de la Cruz, habría registrado 17 litros cuando solo ingresaron 10. El dirigente vinculó este resultado con presuntos cobros excesivos y convocó a una movilización regional para el jueves 19 de marzo a las 9:00 a.m.
La denuncia no aparece como un hecho aislado. Diversas organizaciones civiles señalaron que en las últimas semanas se han acumulado reclamos por recibos con montos elevados, algunos entre 130 y 178 soles en viviendas de bajo consumo, así como casos en los que —según indicaron— se han emitido facturaciones incluso en predios desocupados o con consumo mínimo.
Durante la inspección difundida, personal de SEDA Huánuco explicó que el procedimiento correspondía a un reclamo por consumo del mes de febrero y que incluía revisión interna, externa y pruebas con un banco portátil calibrado. Un representante de la empresa precisó que, al ingresar un reclamo, la facturación queda suspendida y el servicio no puede ser cortado hasta que exista una resolución definitiva.
La prueba y las versiones enfrentadas
El punto de quiebre se produjo en la interpretación de los resultados. Mientras Quispe sostuvo que la prueba evidenciaría una descalibración del medidor con un exceso de 7 litros, personal técnico de la empresa indicó que la primera medición no pudo registrarse con claridad y que fue necesario repetirla. Además, señalaron que todo instrumento presenta márgenes de error, tanto positivos como negativos.
En el mismo video, el usuario afectado manifestó que no podría asumir el pago de montos considerados elevados, mientras familiares indicaron que en la vivienda residen tres personas y que el predio cuenta con solo dos puntos de agua. Estos elementos fueron utilizados por el dirigente para reforzar la tesis de un cobro desproporcionado.
A ello se sumaron testimonios como el de Hermida Justiniano Santiago, quien afirmó pagar entre 60 y 70 soles pese a vivir sola y haber presentado reclamos sin obtener solución. Quispe sostuvo que estos casos reflejarían un problema extendido en distintos sectores de la ciudad.
Compromisos previos bajo presión
El conflicto actual tiene como antecedente un acuerdo firmado el 4 de diciembre de 2025 entre SEDA Huánuco, la Defensoría del Pueblo y la Sunass. En ese documento, la empresa se comprometió a revisar y corregir los reclamos vinculados a facturación irregular. Sin embargo, a más de dos meses, dirigentes sociales señalaron que los problemas persisten.
Según las organizaciones, solo algunos casos puntuales habrían sido resueltos, mientras un número significativo de usuarios continúa reportando cobros elevados, duplicaciones de recibos y consumos considerados fuera de lo habitual. Además, indicaron que solicitaron información sobre el número de casos atendidos y acciones adoptadas, sin recibir respuesta formal.
Este escenario ha sido interpretado por los convocantes como una falta de transparencia. El malestar ya se había expresado en un plantón previo frente a las instalaciones de la empresa, donde los usuarios exigieron soluciones concretas y una revisión integral del sistema de medición.
Una movilización que pone a prueba la respuesta institucional
La movilización regional convocada para el 19 de marzo busca —según los organizadores— visibilizar una situación que afectaría a miles de usuarios en Huánuco. La concentración está prevista en la intersección de la Alameda de la República y el jirón 28 de Julio, con participación de ciudadanos que llevarán reclamos documentados y recibos.
Entre las principales demandas figuran la revisión de medidores, la corrección de facturación considerada irregular, la rendición de cuentas y, en algunos casos, la renuncia de funcionarios. Los dirigentes no descartaron solicitar la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito u otras entidades fiscalizadoras.
Por ahora, la controversia se mantiene abierta entre la denuncia pública y el procedimiento técnico-administrativo que defiende la empresa. La jornada del jueves será clave para medir si el malestar ciudadano logra traducirse en presión sostenida y, sobre todo, si genera respuestas concretas frente a un problema que impacta directamente en la economía de los hogares y en la confianza hacia el servicio público.
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