La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó, con ocho votos a favor y uno en contra, la admisión a trámite de la denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte y el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el marco del denominado caso ‘El Cofre’. La decisión marca un nuevo punto de inflexión en la crisis política, al abrir una ruta formal de investigación con implicancias tanto políticas como penales.
La denuncia fue formulada en mayo de 2025 por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien sostiene que el vehículo presidencial —conocido como ‘el cofre’— habría sido utilizado para facilitar la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien permanece prófugo desde febrero de 2024. Según el informe técnico de la SAC, los hechos descritos presentan elementos suficientes para encuadrarse en tipos penales y cumplen los requisitos de procedencia establecidos en el Reglamento del Congreso.
Acusaciones
De acuerdo con la tesis fiscal, a Dina Boluarte se le atribuye el presunto delito de encubrimiento personal, mientras que a Juan José Santiváñez se le imputa la omisión de denuncia. El documento señala que la mandataria habría permitido o facilitado el uso del vehículo oficial para eludir la acción de la justicia, mientras que el entonces ministro habría incumplido su deber de informar sobre estos hechos a las autoridades competentes.
El informe técnico precisa que existen “indicios razonables” que justifican la apertura del proceso constitucional, lo que no implica una condena, pero sí habilita la continuación del procedimiento parlamentario. Esta etapa resulta clave, ya que define si los altos funcionarios pueden ser investigados sin las protecciones del fuero constitucional.
La aprobación en la SAC no solo valida la denuncia en términos formales, sino que también refleja un escenario político en el que se intensifican las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, en medio de cuestionamientos sobre el uso de recursos del Estado y la presunta interferencia en procesos judiciales.
Próximos pasos
Tras su admisión, la denuncia constitucional será elevada a la Comisión Permanente del Congreso, instancia que deberá debatir y votar si corresponde continuar con el proceso. De obtener luz verde, el caso pasará al Pleno del Congreso, donde se definirá el levantamiento del fuero y se permitirá que el Ministerio Público avance con investigaciones formales.
En esa etapa, tanto Boluarte como Santiváñez tendrán derecho a ejercer su defensa ante el Parlamento. De aprobarse la acusación, se abriría la posibilidad de que ambos enfrenten procesos penales sin las restricciones propias de su condición de altos funcionarios.
Este procedimiento no solo tiene implicancias jurídicas, sino también políticas, ya que podría impactar directamente en la estabilidad del Gobierno y en la percepción pública sobre la transparencia en la gestión estatal. El caso ‘El Cofre’, en ese sentido, se perfila como un episodio clave dentro del actual contexto de gobernabilidad en el país.Horas después del atentado, la Policía confirmó el hallazgo de una carta extorsiva en la vivienda del contador, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque estaría vinculado a cobros ilegales. El mensaje, atribuido a un grupo delictivo, advierte sobre una presunta deuda, lo que sugiere un posible caso de intimidación previa que habría escalado a violencia extrema.
Este hecho ocurre en un contexto de incremento sostenido de la criminalidad. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, entre enero y febrero de 2026 se registraron 383 denuncias por homicidio a nivel nacional. En Lima, el Sistema de Información de Defunciones reportó 181 asesinatos en el mismo periodo, cifras que reflejan una tendencia preocupante.
El ataque en San Juan de Miraflores no solo evidencia la gravedad de la inseguridad, sino también la necesidad urgente de respuestas más eficaces por parte de las autoridades para contener la violencia y proteger a la población en espacios cotidianos.
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