Observan inscripción de Yovana Pérez en Comité Central del PVL

Luego de advertir vicios que acarrean la nulidad del reconocimiento, el 18 de enero Lisseth Soto Rodríguez y Rosa Zeballos Alomía pidieron anular el reconocimi

Ahora Politica•18 de marzo de 2019•2 min de lectura•396 palabras•20 lecturas

Luego de advertir vicios que acarrean la nulidad del reconocimiento, el 18 de enero Lisseth Soto Rodríguez y Rosa Zeballos Alomía pidieron anular el reconocimiento de Yovana Pérez y su Consejo Directivo de la gestión de Aníbal Solórzano con Resolución de Alcaldía n° 1215-2018-MP-Hco-A, el 27 de diciembre, a 4 días de dejar el cargo, por “no contar con vigencia de poder, no tener legitimidad para obrar y estaría usurpando funciones; por tanto, sus actos son nulos”. La MP-Hco admitió el pedido de nulidad a raíz del informe de Asesoría Jurídica que determinó que existe causal de nulidad pues la Ley n.° 25307 que declara de prioritario e interés nacional la labor que desarrollan las Organizaciones Sociales de Base (OSB) en lo referido al apoyo alimentario, establece en el artículo 2 que las OSB (como los comités del PVL) “tienen existencia legal y personería jurídica” y “para ser reconocidas como tales basta con su inscripción en los Registros Públicos Regionales”. En ese sentido, el 11 de enero, antes que pidan anular su reconocimiento, Yovana Pérez tramitó el nombramiento de su Junta Directiva de Organización Sociedad de Base en Registros Públicos, pero fue observada porque no presentó documentos de la elección del comité electoral y la elección de la junta directiva. Registros Públicos le exige a Pérez que presente una constancia de convocatoria y quórum de la Asamblea de Elección del Comité Electoral “con firma certificada de la persona que hace constar, con el fin de determinarse que la persona que convoca es la legitimada por ley o el estatuto” y una copia del acta de la asamblea de elección del comité electoral. Asimismo, la Sunarp le exige que presente una constancia de convocatoria y quórum de la Asamblea de Elección de la Junta Directiva “con firma certificada por la persona que hace constar, con el fin de determinar que la persona que convoca es legitimada por ley o por el estatuto”. También una copia del acta de asamblea de elección de la Junta Directiva autenticada por fedatario o certificada por notario. Sunarp observa que según el Artículo 26 de la Ley n.° 25307, el periodo de mandato de las OBS es de 2 años, no siendo reelegibles, pero la junta directiva de Pérez fue nombrada por 4 años “lo que contraviene dicha ley”, lo que exige se aclare. Hasta ahora Pérez no ha subsanado las observaciones.

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