El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) rechazó la solicitud que presentó el exministro Juan Silva Villegas, en calidad de extitular del referido despacho.
A fin de que el MTC asuma los gastos de su defensa legal en las investigaciones en las que se ha visto inmerso por supuestos actos de corrupción durante su gestión.
Así lo confirmó el abogado del exministro, Alfredo Yalán, quien precisó que se negó el pedido “por las formalidades” y adelantó que se presentará un nuevo recurso para que la entidad desembolse 350.000 soles para 36 meses de asesoramiento legal.
El extitular del MTC hizo la petición basándose en el artículo 35 de la Ley N.º 30057, Ley del Servicio Civil, que establece que todo funcionario y exfuncionario del Estado tiene derecho a “contar con la defensa y asesoría legal” en procesos por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones.
“Lo que se ha detectado es que no se ha indicado ordenadamente los procesos en giro. Eso hay que ordenarlos adecuadamente y volverlo (la solicitud) a ingresar”, dijo Yalán a esta redacción.
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El letrado también indicó que no ha logrado ubicar a Silva Villegas desde “hace una semana”, cuando se dio a conocer que el Juzgado de Investigación Preparatoria dictó una orden de detención preliminar contra su cliente. Aseguró que seguirá ejerciendo la defensa legal del exministro “hasta que el señor no me revoque como asesor”.
Alfredo Yalán aseveró que el objetivo de su asesoramiento es demostrar que “toda licitación del Puente Tarata III ha sido un fraude, pero por parte del comité” de selección sin influencia de Juan Silva.
“El comité nunca se ha reunido para calificar las ofertas y mucho menos se reunió para dar la buena pro. Tanto así que la firma de uno de ellos, el señor (Edgar) Vargas Más, es falsa. Al haber fallado el comité, ellos mismos han fallado, entonces ninguna otra mano pudo haber influenciado. ¿Qué va a pasar producto de esa falla del comité? Los 3 van a terminar presos”, indicó.
Como parte de las investigaciones del caso Puente Tarata que involucra al presidente de la República, Pedro Castillo, y al prófugo exministro Juan Silva, el despacho de la Fiscalía de la Nación allanó y registró las oficinas de las sedes administrativas de las empresas constructoras Termirex, Grupo Arcose y Tapusa.
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Diario Ahora
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