La controversia en torno a la seguridad vial y la regulación del tránsito de motocicletas en el Perú se intensifica con la presentación de una demanda de acción popular contra el Decreto Supremo 006-2025-MTC, que exige el uso de chalecos retrorreflectantes con la placa del vehículo y cascos certificados. Esta medida, justificada por el gobierno como una estrategia para reducir la delincuencia y aumentar la seguridad de los motociclistas, ha generado el rechazo de diversos gremios, quienes la consideran ineficaz y perjudicial para los trabajadores. La **obligatoriedad** de estos implementos ha polarizado a la comunidad motociclista.
Según la investigación publicada por Gestión.pe, la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP) formalizó su desacuerdo presentando la demanda ante la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima este viernes. La acción legal apunta directamente al despacho presidencial de Dina Boluarte, así como a los Ministerios del Interior y de Transportes, liderados por Carlos Malaver y César Sandoval, respectivamente.
El expediente 01193-2025-0-1801-SP-DC-01 detalla los argumentos de la AHMUP contra la norma que ya está en vigor en Lima y Callao desde el jueves y que se extenderá a nivel nacional en junio. La imposición de usar chalecos con la placa visible del vehículo, junto con uno de los cuatro tipos de casco permitidos (integral, cross, modular o abierto), ha desatado una ola de críticas entre los motociclistas.
Las sanciones por incumplir la normativa son severas: una multa de S/428, la acumulación de 40 puntos en el brevete y la retención del vehículo. Estas penalidades han sido calificadas como desproporcionadas por los representantes de los gremios, quienes sostienen que la medida no aborda el problema de la delincuencia de manera efectiva y afecta desproporcionadamente a los trabajadores honestos que utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo.
David Montes, representante de la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope), ha manifestado su preocupación, señalando que "los delincuentes seguirán delinquiendo con chalecos". José Luis Huamán, presidente de la AHMUP, acusó al MTC y al Mininter de "engañar" a los gremios al no suspender la implementación, a pesar de las mesas de diálogo previas. Es importante recordar que en el Perú, el parque automotor de motocicletas ha crecido exponencialmente en los últimos años, convirtiéndose en un medio de transporte esencial para muchas familias y trabajadores independientes.
La regulación también tiene un impacto significativo en el sector de delivery, al restringir el transporte de acompañantes y la carga de productos fuera de la caja designada. Adicionalmente, se establece la creación de un registro nacional de prestadores de envío rápido en un plazo de 30 días, lo que implica un mayor control y fiscalización sobre este sector en auge, influenciado en gran medida por el crecimiento del comercio electrónico. A este escenario se suma la reciente prórroga de la exoneración del IGV a los combustibles, medida que busca aliviar el impacto económico en el transporte, pero que no aborda directamente las preocupaciones de los motociclistas respecto a la nueva normativa.
Mientras el Gobierno insiste en que la medida busca mejorar la seguridad y la visibilidad de los motociclistas, los gremios persisten en su postura de que es ineficaz y discriminatoria, buscando detener su aplicación a nivel nacional a través de la demanda presentada. La decisión final de la Corte Superior de Justicia de Lima será crucial para determinar el futuro de esta controvertida regulación y su impacto en la comunidad motociclista del país. La norma, según especialistas en seguridad vial, podría estar inspirada en modelos implementados en otros países de la región, aunque adaptada al contexto peruano.
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