En América Latina, el crimen organizado ha identificado en la política una inversión más rentable que las rutas de droga o la minería ilegal. Una investigación del Grupo de Diarios América (GDA), de la que forma parte El Comercio, revela que las economías ilegales ya no solo corrompen a autoridades electas, sino que intervienen antes: financian campañas, imponen candidatos y capturan instituciones desde adentro.
El informe, elaborado por los diarios del GDA —entre ellos El Universal (México), El Tiempo (Colombia), O Globo (Brasil), La Nación (Argentina), El Nacional (Venezuela), Listín Diario (República Dominicana), El País (Uruguay), La Nación (Costa Rica), El Mercurio (Chile) y El Comercio (Perú)—, muestra un patrón regional con distintas formas en cada país, pero con una lógica común: las economías ilegales participan activamente en la competencia electoral.
La campaña como inversión criminal
México ilustra el cambio de paradigma. Según datos recopilados por El Universal, dos décadas de reformas para blindar las elecciones frente al crimen organizado han fracasado. David Saucedo, consultor en seguridad citado por el diario, afirmó que “las políticas públicas que se han instaurado en México han sido sólo para contener mediáticamente el problema, no para resolverlo de fondo”.
En Colombia, El Tiempo reporta una presión creciente del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción sobre el sistema electoral. La Misión de Observación Electoral identificó 170 municipios en riesgo por fraude y violencia para las elecciones de este año, de los cuales 81 están en nivel extremo. El mapa coincide con territorios donde grupos armados y economías ilegales disputan control político y territorial.
En El Salvador, La Prensa Gráfica recoge la advertencia de Acción Ciudadana sobre la fragilidad del sistema de fiscalización electoral. La organización sostiene que “la falta de fiscalización y transparencia permite la infiltración de financiamiento ilícito en la política”. Un magistrado electoral, bajo anonimato, advirtió que “siempre existe probabilidad de que los partidos sean permeados por dinero ilegal”.
El dinero que no aparece
En muchos países, el financiamiento ilícito rara vez ingresa de manera directa a una campaña. Según la investigación, lo hace mediante empresas fachada, contratistas, testaferros, aportes fragmentados, efectivo no declarado o donaciones en especie. En Brasil, O Globo informó que facciones como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital han encontrado formas de influir en la política aprovechando vacíos legales y recurriendo a terceros para mover recursos sin dejar rastros evidentes.
República Dominicana, según reportes de Listín Diario, muestra otro patrón: la convergencia entre narcotráfico, lavado y financiamiento político. El caso Calamar expuso un esquema de recaudación de dinero no declarado mediante presiones a contratistas estatales para financiar campañas. En Colombia, el problema tiene antecedentes históricos, desde el Proceso 8000 hasta la reciente sanción del Consejo Nacional Electoral a la campaña Petro Presidente 2022 por superar topes legales y recibir aportes prohibidos.
En Perú, El Comercio describe una modalidad distinta pero igual de opaca. Muchos candidatos declaran financiar sus campañas con recursos propios o simplemente no registran aportes, lo que dificulta conocer el origen real del dinero. El problema se agrava en un país donde la minería ilegal movilizó más de US$11.500 millones en un solo año.
Territorios capturados
En algunos países, el recurso más valioso de las economías ilegales no es el dinero, sino el control territorial. Quien domina un municipio, una favela, una frontera o una región minera también puede influir decisivamente en la competencia electoral. Brasil y México muestran con claridad esa dinámica. En Brasil, la investigadora de la Universidade Federal Fluminense Carolina Grillo lo resume: “Prohíben a ciertos partidos hacer campaña o imponen candidatos”.
Colombia ofrece una versión más extrema. El asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay en 2025, atribuido por la Fiscalía a la disidencia Segunda Marquetalia, recordó que la violencia sigue siendo una herramienta eficaz para alterar la competencia política. Según informa El Nacional de Venezuela, la relación entre economías ilícitas y política es estructural. En el Arco Minero del Orinoco y en estados fronterizos como Apure, Zulia y Táchira, minería ilegal, narcotráfico y contrabando operan en una lógica de captura estatal.
Cuando el crimen compite
En muchos lugares las economías ilegales no solo financian candidaturas desde afuera, sino que colocan a sus operadores dentro del sistema político. Argentina ofrece casos reveladores. Según informes del diario La Nación, la Operación Sapucay expuso una red de narcotráfico en Corrientes con participación del intendente de Itatí y su vice. En Santa Fe, el senador Armando Traferri fue señalado por la fiscalía como articulador político de una estructura vinculada al juego clandestino y al financiamiento ilegal.
República Dominicana muestra una tendencia similar. Listín Diario documenta casi una veintena de casos de políticos vinculados al narcotráfico desde 2017, incluyendo diputados, alcaldes y regidores. En Perú, la alarma gira en torno a la minería ilegal. El Comercio identificó 64 candidatos a senadores y diputados inscritos en el Reinfo, un registro cuestionado por servir como escudo para operadores ilegales. César Ipenza, abogado del Observatorio de Minería Ilegal, advierte que este mecanismo funciona como una forma de impunidad.
Las excepciones y el riesgo latente
Uruguay, Costa Rica y Chile aparecen como excepciones parciales, con menor evidencia de penetración criminal directa en campañas. En Uruguay, el diario El País no registra vínculos comprobados entre narcotráfico y campañas, aunque la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, advirtió sobre amenazas a operadores judiciales y posibles intentos de presión sobre legisladores y periodistas. Costa Rica, según La Nación, tampoco reporta vínculos directos entre candidaturas y economías ilegales, aunque el Tribunal Supremo de Elecciones abrió investigaciones preliminares sobre varios financistas por dudas sobre el origen de sus recursos. Chile, de acuerdo con El Mercurio, mantiene controles institucionales más robustos.
El desafío, según la investigación, no termina en identificar las economías ilegales que buscan influir en la política. En casi todos los países analizados, seguir la ruta del dinero resulta cada vez más difícil. Brasil enfrenta el uso de testaferros y aportes fragmentados; Colombia identifica terceros, empresas fachada y donaciones en especie; en Perú, muchos candidatos declaran financiar sus campañas con recursos propios o simplemente no registran aportes, lo que dificulta conocer el origen real del dinero.
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