La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la prolongación de la prisión preventiva por 18 meses contra el exconductor de televisión Andrés Hurtado. Con esta resolución, el investigado continuará recluido en el establecimiento penitenciario de Lurigancho mientras se desarrollan las pesquisas por presuntos actos de corrupción y lavado de activos vinculados a altos funcionarios públicos.
El tribunal supremo declaró infundado el recurso de apelación de la defensa, ratificando la idoneidad y proporcionalidad de la medida para asegurar los fines del proceso y mitigar el peligro de obstaculización procesal. La decisión responde al requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
Imputaciones y solicitud de condena
En el marco de este expediente, el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde ha solicitado una condena de 30 años de privación de la libertad para Hurtado, a quien se le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico en agravio del Estado.
El caso, denominado «Barras de Oro», cobró relevancia pública en septiembre de 2024 tras denuncias periodísticas y declaraciones de Ana Siucho que expusieron presuntos nexos entre el exanimador y operadores del sistema de justicia.
Trama delictiva según la Fiscalía
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Hurtado habría ejercido influencias ilícitas y coordinado el pago de dádivas con el empresario Javier Miu Lei, con el propósito de que la entonces fiscal superior Elizabeth Peralta intercediera en la devolución de un cargamento de oro incautado en el año 2020.
A esta línea de investigación se suman presuntas irregularidades en gestiones migratorias a favor del futbolista Roberto Siucho y la admisión del propio Hurtado, en entrevistas televisivas, sobre sus vínculos cercanos con magistrados especializados y autoridades estatales.
Detención y situación procesal
La detención preliminar de Andrés Hurtado fue ejecutada el 19 de septiembre de 2024 por personal de la Diviac y el grupo Orión de la Dirandro en un centro de salud de San Borja. Posteriormente, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley dictó la prisión preventiva inicial, la cual fue ampliada el pasado 12 de marzo para garantizar la continuidad de las pericias fiscales.
En paralelo, la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos mantiene abiertas diligencias preliminares para determinar el origen del patrimonio y los movimientos financieros del investigado. Para ello, se han requerido informes patrimoniales y registrales a entidades como Cofopri y la Superintendencia Nacional de Migraciones, mientras el Congreso de la República y el Poder Judicial continúan con las respectivas acciones de control e impedimentos de salida del país para el resto de los implicados.
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