La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios consiguió 18 meses de prisión preventiva contra 21 personas investigadas por minería ilegal. Según el registro oficial del Ministerio Público, la medida judicial busca asegurar el proceso penal y evitar el peligro de fuga de los implicados.
Los imputados enfrentan cargos por banda criminal, minería ilegal agravada y tenencia ilegal de armamento en el sector de La Pampa. De acuerdo con la carpeta fiscal, los hechos delictivos se perpetraban dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.
Ubicación de campamentos clandestinos e incautación
Las intervenciones se realizaron de manera simultánea en tres campamentos mineros ubicados clandestinamente dentro de la reserva protegida. Según el acta de la Policía Nacional del Perú, los recintos servían para almacenar insumos químicos y planificar actividades de extracción minera aluvial no autorizada.
En los establecimientos fiscales se incautó un cargamento de armamento militar compuesto por fusiles, carabinas de largo alcance, municiones y explosivos diversos. De acuerdo con el fiscal provincial William Darwin Salas Herrera, estos elementos de guerra eran empleados por los custodios para ejercer control territorial violento.
Asimismo, se incautaron múltiples botellas con mercurio de procedencia ilegal que eran empleadas para procesar metales pesados en las fuentes de agua locales. La tenencia sin autorización de estos reactivos tóxicos agrava la condición legal de los procesados.
Investigación por extorsión y cobro de cupos
Las indagaciones preliminares detallan que la organización delictiva no limitaba sus operaciones criminales a la depredación de los recursos naturales amazónicos. De acuerdo con testimonios de agricultores de la provincia de Tambopata, la red ejecutaba el cobro de cupos a otros extractores de la zona.
Los fondos recaudados mediante esta extorsión sistemática servían presuntamente para dotar de mejor tecnología y armamento a los miembros de la banda. Según informes de inteligencia policial, la agrupación ejercía la violencia física contra quienes se negaran a pagar las tarifas fijadas.
Esta situación de criminalidad obligó a que la fiscalía solicitara la convalidación de detención de los sospechosos de manera urgente ante el juzgado. Las medidas restrictivas adoptadas buscan resguardar a los testigos locales que colaboran activamente aportando evidencias en la investigación en curso.
Procedimiento penal ante el órgano jurisdiccional
El requerimiento de prisión preventiva se formalizó de manera oportuna ante el Poder Judicial por parte del Cuarto Despacho de la fiscalía especializada. De acuerdo con la ley, el petitorio se planteó antes de que culminara la detención preliminar de los investigados.
El trámite legal se ingresó desde las 5:30 horas de la mañana del domingo, pero la judicatura inicialmente demoró en programar la sesión correspondiente. Según fuentes judiciales, la magistrada de turno adujo inicialmente falta de competencia territorial para dirigir la audiencia de prisión.
La detención de flagrancia de los acusados vencía indefectiblemente el domingo 12 de julio, lo que exigió resolver la situación jurídica sin mayores dilaciones administrativas. Los fiscales especializados confirmaron que mantendrán el acopio de pruebas técnicas para la fase de enjuiciamiento público.
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