La Gerencia de Desarrollo Social señaló que el caso de una menor de edad presuntamente agredida por un docente en Santa María del Valle exige intervención administrativa, judicial y de protección familiar, y advirtió que no se habría comunicado oportunamente a la Policía ni al Ministerio Público.
La presunta falta de acción de las autoridades locales en el caso de una menor de edad que habría sido agredida por un docente en Santa María del Valle abrió un nuevo frente de responsabilidad institucional. Teófilo Loarte, gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huánuco, sostuvo que ya se dispusieron medidas de acompañamiento y que su despacho impulsa acciones ante instancias del sector Educación y otras entidades competentes.
Loarte afirmó que el caso está enmarcado en normas de protección contempladas en el Código Civil y en el Código de Familia, y señaló que corresponde activar mecanismos de respuesta inmediata. Según manifestó, su gerencia remitirá documentos a distintas instancias, incluida la Dirección Regional de Educación, con el fin de que se adopten acciones anticipadas y se refuerce la articulación interinstitucional frente a hechos de esta naturaleza.
El funcionario añadió que la situación resulta más delicada porque, según indicó, se trata de un caso ocurrido en el centro de la capital distrital y, aun así, las autoridades no habrían ejecutado las acciones correspondientes. De acuerdo con su declaración, no se habría comunicado el hecho ni a la Policía Nacional ni al Ministerio Público, una omisión que, a su juicio, deberá ser determinada en el curso de la investigación.
La respuesta oficial bajo escrutinio
Consultado sobre las responsabilidades derivadas del caso, Loarte sostuvo que la investigación no debería dilatarse y que necesariamente tendría que establecerse quiénes omitieron actuar. También precisó que, desde el entorno familiar, en particular desde la madre de la menor, deberá impulsarse el esclarecimiento de los hechos, mientras el Estado activa los canales de protección, atención y seguimiento.
En el plano administrativo, el gerente afirmó que su despacho ya intervino desde el inicio en tareas de acompañamiento, aunque evitó detallar qué medidas concretas fueron ejecutadas hasta el momento. Señaló que una primera acción será llegar “al fondo del asunto” a través de la investigación y, en función de los hallazgos, coordinar con entidades que tengan competencia directa sobre el caso y sobre la situación del docente involucrado.
Loarte también indicó que el Gobierno Regional buscará articular respuestas con municipalidades y gobiernos locales, no solo respecto de lo ocurrido, sino también en materia de prevención. En ese marco, insistió en que este tipo de hechos no debe mantenerse en silencio y remarcó que la denuncia oportuna resulta clave para evitar que casos similares avancen sin intervención estatal.
Protección de la menor y medidas pendientes
Sobre la situación del docente señalado, el funcionario respondió que “posiblemente” ya no estaría laborando, aunque no precisó si existe una medida de separación preventiva, una investigación administrativa formal o una decisión adoptada por el sector Educación. Esa falta de precisión deja abierta una de las preguntas centrales del caso: si el sistema educativo ya activó mecanismos de protección para evitar el contacto del investigado con estudiantes.
El gerente sostuvo además que su despacho realizará seguimiento a la ruta judicial y al acompañamiento de la familia, y mencionó la posibilidad de que la menor sea derivada a un albergue. A ello sumó el envío de documentación a la DRE para que la información sea distribuida a las UGEL y a otros actores, incluidos establecimientos de salud, debido a que —según señaló— el caso también involucraría atención vinculada con embarazo.
La declaración de Loarte coloca el foco no solo en la presunta agresión que se investiga, sino en la capacidad de respuesta de las instituciones obligadas a proteger a menores de edad. Lo que ocurra en los próximos días con la DRE, las UGEL, la Policía, el Ministerio Público y las autoridades locales será decisivo para establecer si el caso queda restringido a una reacción tardía o se convierte en una revisión más amplia sobre cómo se atienden denuncias sensibles en el sistema educativo regional.
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