Ante un claro ataque a la libertad de prensa, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) expresó su rechazo al proyecto de ley anunciado por el premier Aníbal Torres.
La cual busca sancionar la difusión de información reservada de un proceso penal a través de los medios de comunicación.
Cabe recordar que el pasado fin de semana el primer premier Aníbal Torres anunció un proyecto de ley para castigar la difusión de información de investigaciones penales en su etapa preliminar que realiza el Ministerio Público.
No obstante, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero descartó “ley mordaza”, pero respalda sancionar la difusión de información penal
El ministro de Justicia descartó que la propuesta impida a los periodistas acceder a sus fuentes de información. “Esta ley defenderá la investigación reservada”, argumentó.
En el pronunciamiento, IPYS indicó que la intención del Gobierno afectaría todo tipo de investigaciones fiscales, lo que consideró “inconstitucional”, el cual correspondería más bien a “un intento de impedir que se informe sobre los numerosos imputados del régimen”.
Recalcó que el Ejecutivo buscaría callar a la prensa tras dicho proyecto que se ha venido preparando a fin de evitar la divulgación de los procesos penales que vienen afrontando el presidente Pedro Castillo y diversos exfuncionarios de su Gobierno, acusados de haber cometido presuntos actos de corrupción.
“El IPYS entiende la importancia de mantener la reserva de los procesos investigativos en la justicia, pero el eventual castigo de la violación de esta reserva debe dirigirse a quienes están obligados a protegerla y no al mensajero periodístico”, dijo en su comunicado.
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El instituto también subrayó que ninguna investigación fiscal ha establecido responsabilidades por la violación de la reserva de procesos de colaboración eficaz a pesar de los constantes cuestionamientos contra esta figura.
“La reserva de las investigaciones no debería ser total sino caso por caso, y no se debería castigar las filtraciones, ni siquiera las interesadas o parciales, sino aquellas que generen un daño demostrable a los objetivos del proceso o la seguridad de los investigados”, acotó.
Como se recuerda, el primer ministro, Aníbal Torres, anunció que el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para penalizar con hasta cuatro años de prisión a quienes difundan información fiscal sobre casos penales.
“Sucede en la actualidad que en las investigaciones la información reservada se da conocimiento rápidamente al público, a veces seleccionando información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Eso no debe suceder”, agregó.
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Diario Ahora
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