La aprobación del proyecto de compra de camioncitos para centros poblados volvió a quedar bajo cuestionamiento en el Consejo Regional de Huánuco. La consejera por Huánuco Kandy Vargas sostuvo que el procedimiento seguido en la sesión extraordinaria donde se dio luz verde por voto mayoritario no se ajustaría a los cambios introducidos en la ley de presupuesto aprobada en marzo de 2026, y consideró que el expediente debería regresar a la comisión ordinaria correspondiente.
Vargas señaló que el tema ya había sido revisado previamente por la comisión ordinaria antes de la sesión extraordinaria, en una reunión encabezada por el presidente de la comisión y en la que también participó el consejero Rafael, junto con alcaldes de centros poblados. Según indicó, en ese espacio se expusieron las observaciones al expediente técnico y se absolvieron dudas sobre la problemática del proyecto, aunque ese intercambio no evitó que luego el expediente fuera aprobado por mayoría en el pleno.
La consejera precisó que su preocupación se acentuó tras la capacitación nacional sobre proyectos de obras por impuestos que recibieron recientemente en Chachapoyas. De acuerdo con su versión, en ese encuentro se explicó con claridad que este tipo de inversiones debía seguir un procedimiento específico dentro de la comisión ordinaria y no resolverse por una votación minoritaria o por una fórmula que, a su juicio, desnaturaliza el trámite técnico y legal.
El procedimiento bajo observación
La controversia se agravó porque, según recordó Vargas, el consejero delegado Nicolás Inga había manifestado un día antes que el proyecto de los camioncitos se encontraba observado y en la Contraloría. Sin embargo, la titular de la comisión de Desarrollo Económico afirmó que hasta el momento de su declaración no había recibido en su despacho ningún documento que acreditara el retorno formal del expediente a esa comisión, lo que, según dijo, abre un nuevo vacío sobre la ruta que siguió el proyecto tras las observaciones iniciales.
Vargas sostuvo además que el problema no radica en una oposición a la compra de unidades para los centros poblados, sino en la forma en que se intenta sacar adelante la inversión. Según manifestó, la ley de 2025 dejaba márgenes de interpretación que podían dar lugar a lecturas distintas, pero la norma aprobada en marzo de 2026 establece con mayor precisión que todo presupuesto canalizado por obras por impuestos debe pasar por la comisión ordinaria, requisito que, en este caso, consideró incumplido.
A esa controversia procedimental se suma un cuestionamiento al contenido del expediente. Durante la entrevista, Vargas respaldó la versión de que el proyecto habría sido elaborado sobre la base de un “copia y pega” de un expediente de Apurímac o Andahuaylas. La consejera remarcó que la elaboración de esos documentos tiene un costo y, por tanto, responsabilidades concretas, y advirtió que no corresponde ejecutar presupuesto regional sobre la base de expedientes con enmendaduras o deficiencias visibles desde una primera revisión.
Los riesgos políticos y administrativos
La consejera enmarcó sus reparos en una advertencia más amplia sobre los costos de convalidar expedientes observados. Recordó que exfuncionarios y exgerentes de anteriores gestiones regionales, como las encabezadas por Lucho Picón y Juan Alvarado, aún son citados en investigaciones por decisiones adoptadas durante sus periodos. A su juicio, esa experiencia debería servir de antecedente para evitar que una aprobación acelerada termine trasladando responsabilidades administrativas o penales a quienes intervienen hoy en el proceso.
Vargas rechazó también la idea de que los consejeros no deban revisar el contenido administrativo de los expedientes. Sostuvo que la fiscalización, la legislación y la representación exigen conocer a detalle los documentos antes de emitir un voto, y afirmó que advertir errores no equivale a sustituir a los equipos técnicos. En esa línea, dijo que sus observaciones no buscan bloquear la iniciativa ni confrontar con la gestión del gobernador regional, sino alertar sobre fallas que podrían obligar a rehacer el proceso desde cero.
El caso deja abierto un frente de tensión en el consejo regional. Si el expediente no retorna a la comisión ordinaria y persiste el criterio de aprobarlo por mayoría, el proyecto podría quedar expuesto a nuevas objeciones políticas, técnicas y de control. Si, en cambio, el proceso se retrotrae, la compra de los camioncitos para los centros poblados volverá a foja cero y el debate pasará de la necesidad del proyecto a una pregunta más de fondo: si el gobierno regional está en condiciones de sostener inversiones rápidas sin comprometer la legalidad del procedimiento.
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