Bajo una intensa lluvia y en medio de un clima de creciente indignación, 293 alcaldes de centros poblados de Huánuco llegaron hasta las puertas del Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco) para exigir respuestas inmediatas sobre la transferencia de recursos y la entrega de bienes prometidos para sus jurisdicciones. La movilización, iniciada desde la Plaza de Armas, reunió a autoridades de diversas provincias y dejó en evidencia un fuerte quiebre entre los representantes locales y la administración regional.
Los manifestantes sostienen que no han llegado a la sede regional por un acto simbólico, sino por una necesidad urgente: contar con presupuesto real para atender a poblaciones que, según denunciaron, continúan relegadas por el aparato estatal. En sus intervenciones, los alcaldes remarcaron que los centros poblados más alejados siguen enfrentando carencias históricas, sin maquinaria, sin logística y sin el respaldo económico suficiente para responder a las demandas básicas de la población.
La protesta se desarrolló de manera pacífica, aunque con discursos duros y una presión pública cada vez mayor. Los alcaldes insistieron en que representan a miles de ciudadanos y que no retrocederán mientras no exista una respuesta formal, documentada y verificable por parte del gobernador regional.
Promesas sin documentos
El eje del conflicto gira en torno a un reclamo concreto: los alcaldes exigen que el Gobierno Regional cumpla con las transferencias económicas anunciadas públicamente y esclarezca si realmente entregará vehículos y otros recursos a los centros poblados. Según los dirigentes, los ofrecimientos fueron expuestos en espacios públicos e incluso difundidos en redes sociales, pero hasta el momento no existiría documentación oficial que garantice su ejecución.
Esa falta de sustento formal ha sido interpretada por las autoridades locales como una señal de improvisación o incumplimiento. Por ello, durante el plantón exigieron que el gobernador dé la cara y presente documentos que acrediten de forma clara y oficial la transferencia de recursos. De lo contrario, advirtieron que no aceptarán anuncios mediáticos ni promesas verbales.
Los alcaldes también señalaron que no recibirán “migajas” y reclamaron montos que permitan ejecutar acciones concretas en sus pueblos. Entre sus pedidos, mencionaron la necesidad de contar con un mínimo de 12 UIT por centro poblado, argumentando que esa cifra permitiría atender necesidades urgentes allí donde, afirman, el Gobierno Regional no llega de manera efectiva.
Rechazan taller
Otro de los puntos que elevó la tensión fue el rechazo frontal al taller convocado por el Gobierno Regional para el día siguiente. La actividad, vinculada a una capacitación sobre obras por impuestos, fue cuestionada por los alcaldes, quienes anunciaron que no asistirán mientras no se resuelva antes el problema de fondo: la asignación de presupuesto y el cumplimiento de los compromisos asumidos con los centros poblados.
Para los manifestantes, la convocatoria no responde a la urgencia de la crisis y puede ser interpretada como un intento de desviar la atención del reclamo principal. En sus declaraciones, varios representantes afirmaron que no necesitan ser subestimados ni tratados como autoridades incapaces de entender la gestión pública, y defendieron su legitimidad como funcionarios elegidos democráticamente por voto popular.
Esta postura endurece el conflicto porque rompe un posible canal de acercamiento institucional. En vez de abrir una ruta de diálogo, la convocatoria al taller ha sido leída por los alcaldes como una señal de desconexión frente a la magnitud del malestar. Por ello, anunciaron que, si no son atendidos, volverán a concentrarse frente al Gobierno Regional y mantendrán la presión pública.
Denuncias de favoritismo
La protesta no se limitó al reclamo presupuestal. Durante la jornada también surgieron denuncias sobre un presunto trato desigual en la distribución de beneficios, luego de que algunos dirigentes cuestionaran la entrega de celulares a determinados sectores cercanos al poder. Esa acusación abrió uno de los flancos más sensibles del conflicto, al sugerir un posible uso discrecional de recursos en medio de la demanda colectiva de los centros poblados.
A ello se sumaron referencias a un posible trasfondo político. En las intervenciones públicas aparecieron menciones a figuras del entorno regional y a eventuales aspiraciones electorales, aunque los propios alcaldes insistieron en que la protesta no responde a una campaña partidaria, sino a la defensa de sus comunidades. Aun así, el componente político quedó instalado en el debate y añade mayor tensión a la crisis.
El escenario también se tornó áspero por los cuestionamientos lanzados contra algunos medios de comunicación y voceros vinculados a la imagen institucional del Gobierno Regional. Estas expresiones reflejan un ambiente cargado de desconfianza, confrontación y desgaste institucional.
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