La crisis de la cadena productiva del arroz llevó al Ejecutivo a aprobar un decreto de urgencia por S/ 170 millones, según la norma publicada el viernes 29 de mayo en El Peruano. La medida autoriza compras estatales de arroz para distribución gratuita y financia la limpieza de canales de riego en zonas afectadas por lluvias.
De acuerdo con el Decreto de Urgencia N.º 005-2026, el Midagri podrá comprar y distribuir arroz a población en pobreza y pobreza extrema en distritos que serán focalizados según el mapa de pobreza del INEI. La norma fija un plazo máximo de 10 días hábiles para aprobar lineamientos, entidades receptoras y zonas priorizadas.
El Ejecutivo sustenta la medida en el peso del arroz dentro del agro nacional: en 2025 representó el 6.42% del valor bruto de producción y ocupó directamente a 71,036 productores. Según el Midagri, más del 75% de ellos cultiva menos de 5 hectáreas, lo que ubica el problema en el terreno de la agricultura familiar.
La ejecución queda bajo vigilancia
La transferencia principal asciende a S/ 120 millones desde la Reserva de Contingencia del MEF hacia el Midagri. De ese monto, S/ 100 millones figuran para pensiones y otras prestaciones sociales, y S/ 20 millones para bienes y servicios vinculados a la compra, distribución y logística del arroz.
La norma también autoriza S/ 50 millones para limpieza y mantenimiento de infraestructura de riego menor mediante núcleos ejecutores. Según el decreto, S/ 45 millones irán a otros gastos y S/ 5 millones a bienes y servicios, con recursos transferidos desde el Indeci al Midagri.
El decreto establece que el titular del Midagri será responsable del uso de los fondos y deberá publicar informes trimestrales y un informe final. La Contraloría General de la República ejercerá control concurrente y posterior sobre los recursos, según precisa la norma.
El punto sensible está en la contratación. El decreto permite que las compras se realicen bajo lineamientos del Midagri y deja sin aplicación, para estos procesos, la Ley General de Contrataciones Públicas y la Ley de Compras Estatales de Alimentos de la Agricultura Familiar. Ese margen operativo exigirá trazabilidad en precios, beneficiarios y distribución.
La medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. En adelante, la atención estará puesta en qué distritos serán priorizados, qué entidades recibirán el arroz y cómo el Ejecutivo acreditará que los S/ 170 millones llegaron a productores y familias vulnerables sin convertirse en gasto opaco.
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