La Junta de Fiscales Supremos (JFS) eligió a Tomás Aladino Gálvez como nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029, con posibilidad de extensión, en una decisión adoptada por mayoría de votos. El nombramiento se produce en un contexto institucional marcado por la destitución de la anterior titular, Delia Espinoza, y en medio de una serie de cuestionamientos a la gestión reciente del Ministerio Público.
Gálvez, quien se desempeñaba como fiscal interino desde septiembre de 2025, obtuvo tres votos a favor de los cinco integrantes de la JFS, mientras que los otros dos votos se inclinaron por el fiscal Juan Carlos Villena. Su designación se concretó tras la confirmación de la destitución de Espinoza por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo que abrió el camino para la elección de una nueva autoridad al frente de la Fiscalía.
El proceso de elección no estuvo exento de competencia interna. Cuatro de los cinco fiscales supremos aspiraban al cargo, lo que refleja la relevancia estratégica de esta posición en el sistema de justicia. Con su designación, Gálvez asume el liderazgo de una institución clave para la persecución del delito y la defensa de la legalidad en el país.
La gestión de Tomás Gálvez como fiscal interino ha sido objeto de cuestionamientos desde diversos sectores. Entre las decisiones más controvertidas se encuentra la desactivación de equipos especiales que investigaban casos emblemáticos, como Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto, Eficcop y el equipo que seguía casos vinculados a las protestas sociales.
Asimismo, durante su interinato dispuso el archivo de investigaciones relevantes, entre ellas, procesos que involucraban a la fiscal suprema Patricia Benavides, a la expresidenta Dina Boluarte por presunta omisión de funciones durante los incendios forestales de 2024, y al titular del Legislativo en relación con hechos vinculados a la matanza de Cayara.
Otro punto de controversia fue la decisión de no apelar una resolución judicial que desestimó declarar ilegal a un partido político, lo que generó críticas sobre el rol del Ministerio Público en la defensa del orden democrático. Estas acciones han alimentado el debate sobre la orientación de la institución bajo su liderazgo y su impacto en casos de alto interés público.
La designación de Gálvez también ha sido cuestionada por organizaciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que solicitaron una nueva elección del titular del Ministerio Público. Estas entidades sostienen que el fiscal no cumpliría con los estándares de independencia requeridos para el cargo.
Entre los argumentos presentados, se señala la remoción de fiscales provisionales que investigaban casos vinculados al propio Gálvez, lo que, según estas organizaciones, podría afectar la imparcialidad y el funcionamiento adecuado del sistema de justicia. Además, advierten que estas decisiones podrían contravenir estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las críticas también apuntan a una posible interferencia en procesos de investigación, lo que genera preocupación sobre el impacto de estas acciones en la lucha contra la corrupción y la persecución del delito.
La elección de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación abre una nueva etapa para el Ministerio Público, pero también plantea desafíos significativos en términos de credibilidad, independencia y fortalecimiento institucional. Su gestión estará marcada por la necesidad de responder a las críticas, garantizar transparencia en sus decisiones y recuperar la confianza de la ciudadanía.
En un contexto de alta sensibilidad política y judicial, el desempeño del nuevo fiscal será determinante para el rumbo de investigaciones clave y para el equilibrio entre los poderes del Estado. La expectativa ahora se centra en cómo su liderazgo impactará en el funcionamiento del sistema de justicia y en la percepción pública de la Fiscalía.
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