En medio de un escenario político tensionado, el coordinador regional de Avanza País, Carlos Fernández, salió al frente para responder a una denuncia pública por presunta estafa formulada por la candidata al Senado con el N° 1 por la región Huánuco, Vilma Gonzales. El dirigente negó categóricamente las acusaciones y las calificó como “falsas” e “infamantes”, asegurando que afectan no solo su imagen política, sino también su entorno familiar.
Fernández sostuvo que decidió pronunciarse públicamente debido a la magnitud de las acusaciones y su difusión en medios de comunicación. En ese sentido, enfatizó que no permitirá que se afecte su reputación sin fundamentos y remarcó que su trayectoria política y personal está por encima de cualquier candidatura.
El dirigente también descartó cualquier posibilidad de renuncia a su cargo, argumentando que tiene la razón y que confía en que el proceso permitirá esclarecer los hechos. Además, indicó que ya ha informado al Comité Ejecutivo Nacional del partido, el cual evaluaría eventuales medidas disciplinarias una vez concluido el proceso electoral.
Como parte de su defensa, Fernández afirmó que brindó apoyo directo a la candidata en cuestión desde su llegada a la región. Según explicó, cubrió gastos logísticos como alojamiento —una habitación de hotel por cuatro noches— y facilitó su participación en actividades de campaña, entrevistas y desplazamientos.
Asimismo, señaló que se le ofreció un plan estratégico de campaña que incluía trabajo en campo, gabinete y comunicación, pero que la candidata no lo habría asumido argumentando limitaciones económicas. En ese marco, sostuvo que no se le puede exigir resultados políticos si no existe compromiso con el proceso de campaña.
El coordinador también enfatizó que su labor dentro del partido no es remunerada, señalando que actúa por vocación de servicio y por convicción en un proyecto político orientado a “recuperar el país”. Indicó que no ha recibido ningún pago por sus funciones, lo que, según afirmó, demuestra su compromiso con la organización.
Frente a la denuncia, Fernández anunció el inicio de acciones legales. Confirmó que su equipo de abogados está elaborando una carta notarial dirigida a la candidata, en la que se le exige una rectificación pública en un plazo máximo de 48 horas, en los mismos medios donde se difundieron las acusaciones.
Advirtió además que no solo la denunciante será alcanzada por estas medidas, sino también los medios de comunicación que replicaron la versión sin verificarla, lo que abre un nuevo frente de tensión entre actores políticos y prensa.
En relación a una posible indemnización, evitó precisar montos, pero subrayó que la reputación personal y la estabilidad familiar no tienen valor económico, dejando entrever que el caso podría escalar a instancias judiciales si no hay retractación.
Conflicto interno
Pese a que Fernández insiste en que se trata de un problema personal, el caso deja al descubierto tensiones dentro de Avanza País. La denuncia involucra a una candidata oficial y a un coordinador regional, lo que inevitablemente impacta en la imagen institucional del partido.
Durante sus declaraciones, el dirigente explicó que la candidata accedió a su postulación en el marco de elecciones internas, priorizando su antigüedad dentro del partido. Este detalle ha generado cuestionamientos sobre los criterios de selección y la evaluación previa de perfiles.
El pronunciamiento también incluyó expresiones polémicas hacia la denunciante, sugiriendo incluso que podría requerir “tratamiento especializado”, lo que añade un componente de confrontación personal al conflicto y podría agravar la controversia.
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