El consejero regional por Huacaybamba, Rafael Céspedes, puso en debate la efectividad de las decisiones adoptadas desde el Gobierno Regional al señalar que la reciente entrega de celulares a alcaldes de centros poblados no responde a las verdaderas necesidades de estas localidades. Durante sus declaraciones, sostuvo que este tipo de medidas no contribuye a resolver los problemas estructurales que enfrentan las zonas más alejadas.
“Un celular no reemplaza el presupuesto”, enfatizó, dejando entrever que la decisión podría responder más a criterios personales que técnicos. En esa línea, remarcó que los centros poblados requieren recursos concretos para atender servicios básicos, ejecutar obras y responder a demandas urgentes de la población.
El consejero explicó que conoce de cerca la situación de los nueve centros poblados de la provincia de Huacaybamba, donde —según indicó— existe un sentimiento generalizado de abandono. Las autoridades locales, afirmó, consideran insuficiente el presupuesto que actualmente reciben, el cual bordea los dos mil soles mensuales, monto que no permite atender necesidades básicas ni impulsar mejoras en sus jurisdicciones.
Frente a esta realidad, Céspedes sostuvo que los alcaldes de centros poblados vienen planteando la necesidad de contar con mayor independencia económica y la posibilidad de manejar recursos propios. Esta demanda, según explicó, responde a la limitada capacidad de gestión que tienen actualmente debido a la escasez de presupuesto.
En ese contexto, consideró necesario que el gobernador regional, junto con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, asuma un rol más activo y establezca un diálogo directo con los alcaldes para encontrar soluciones concretas. A su juicio, este problema no puede seguir postergándose, ya que impacta directamente en la calidad de vida de la población.
El consejero también resaltó que su rol dentro del Consejo Regional es precisamente respaldar este tipo de demandas y contribuir a que se canalicen adecuadamente. En ese sentido, aseguró que viene cumpliendo funciones de fiscalización y acompañamiento dentro de la comisión correspondiente, en busca de que las decisiones respondan a criterios técnicos y no a medidas aisladas.
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