Congreso destina S/ 9.6 millones a seguros médicos privados para legisladores y sus familias

En un contexto de precariedad del sistema de salud pública peruano, donde millones enfrentan hospitales colapsados, escasez de medicamentos y carencias estructurales, el Congreso de la República ha aprobado un gasto millonario para contratar seguros médicos privados destinados a congresistas, parlamentarios andinos, expresidentes de la República y sus familiares. El acuerdo fue tomado por la Mesa Directiva del Legislativo, integrada por Eduardo Salhuana (APP), Patricia Juárez (FP), Waldemar Cerrón (PL) y Alejandro Cavero (Avanza País), el pasado 21 de febrero. La contratación, denominada oficialmente “Servicio de póliza de asistencia médico familiar – PAMF 2025-2026”, fue adjudicada de forma directa —sin concurso público— a la empresa Rímac Seguros y Reaseguros SA, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia. El gasto total asciende a S/ 9,594,875.90, con una distribución de S/ 5.6 millones para 2025 y S/ 3.9 millones para 2026, autorizadas por la Dirección General de Administración (DGA), liderada desde enero por Rosa Elena Izaguirre Silva. La cifra representa un incremento de casi 400% respecto al presupuesto destinado a seguros en 2023, que sumó S/ 1.9 millones. En ese año, se contrataron pólizas por montos significativamente menores con otras aseguradoras, como Pacífico, Chubb y la misma Rímac. Este no es el único gasto millonario reciente aprobado por el Parlamento. La misma Mesa Directiva autorizó la compra de dos inmuebles ubicados en el Jirón Lampa, en el Cercado de Lima, por un valor de US$ 13.5 millones, destinadas a albergar las futuras oficinas del Congreso bicameral previstas para 2026. La decisión de privilegiar la atención médica privada para sus miembros contrasta con la falta de inversión efectiva en salud pública. Además, ninguno de los miembros de la Mesa Directiva ha ofrecido declaraciones sobre este tema, pese a los reiterados intentos de contacto por parte de la prensa. La nueva directora de la DGA, Rosa Elena Izaguirre, llegó al cargo tras la salida de Carlos País, exfuncionario de APP vinculado al escándalo de una presunta red de prostitución dentro del Congreso, lo que agrava aún más el clima de desconfianza institucional.