La disputa por los compromisos asumidos con los centros poblados volvió a escalar en Huánuco. Rocío Rivera, fundadora de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados y presidenta del comité consultivo de Amucep-Perú, señaló en entrevista que las municipalidades siguen esperando el cumplimiento de ofrecimientos del gobernador regional y la entrega de recursos que, según afirmó, corresponden al año fiscal 2026.
Rivera indicó que la movilización realizada el 18 y 19 de marzo tuvo como eje dos reclamos. Por un lado, mencionó la entrega de “camioncitos” o camiones recolectores, una promesa que atribuyó directamente al gobernador. Por otro, sostuvo que la ley para 2026 establece la entrega de 12 UIT a cada municipalidad de centro poblado, dinero que, según manifestó, todavía no ha sido transferido.
De acuerdo con Rivera, ante la falta de respuesta del Ejecutivo regional, se solicitó la presencia del congresista Carlos Ceballos en Huánuco. La dirigente afirmó que el parlamentario remitió tres documentos al Gobierno Regional: uno para pedir documentación de respaldo sobre los ofrecimientos, otro para requerir explicaciones ante el Congreso y un tercero que, según dijo, también fue compartido con los medios de comunicación.
La presión se mantiene sobre la mesa
Rivera señaló que esos documentos fueron enviados la semana pasada, después de la jornada de protesta del 19 de marzo. Según manifestó, hasta ahora se mantiene la expectativa de conocer si el gobernador ya respondió al Congreso o al despacho del legislador. Añadió que, de no existir una contestación pública, en los próximos días podría aclararse cuándo deberá presentarse la autoridad regional para explicar la situación.
Consultada sobre un eventual incumplimiento este año, Rivera consideró que ello representaría una falta de respeto hacia los alcaldes de centros poblados. Según su versión, el año pasado ya existían transferencias previstas, aunque con vacíos que —dijo— luego fueron corregidos. También sostuvo que el gobernador primero habló de motofurgonetas y luego de camiones, y que el 19 de marzo reiteró que esa entrega se haría a cada alcalde.
Rivera añadió que, tras la reunión de esa fecha, los alcaldes se reunieron con consejeros regionales y con la comisión encargada de revisar el expediente. Según relató, en ese encuentro se advirtió que el documento estaba “estancado”, que los camiones figuraban como sobrevalorados y que se proyectaba una compra para 320 municipalidades, cuando —aseguró— los centros poblados son 297.
Lo que sigue en las próximas semanas
La dirigente sostuvo que los alcaldes no están de acuerdo con una compra en esas condiciones y pidieron una reorganización integral del expediente. Según explicó, también observaron que el título del proyecto no describía con claridad la adquisición de camiones recolectores. Rivera afirmó que se acordó con la comisión una nueva reunión en un plazo máximo de dos semanas o 15 días, un lapso que, según dijo, será clave para saber si el conflicto se encamina a una salida técnica o a una nueva etapa de presión pública.
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