Cuatro balsas tipo “traca” utilizadas para la extracción ilegal de oro fueron destruidas e incineradas durante un operativo realizado en el río Aguaytía, en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. La intervención, ejecutada el 7 de agosto, dejó un detenido.
Las estructuras fueron localizadas en las márgenes del afluente, a la altura de los caseríos Barranca y Juantía. Según el parte policial, dos de las balsas estaban equipadas con motores y otros accesorios empleados para la extracción ilegal de minerales, y se encontraban operativas al momento de la intervención.
Detalles del operativo
El patrullaje fluvial se desarrolló entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, a bordo de un deslizador policial, por el sector del bajo río Aguaytía. Participaron efectivos de la Comisaría PNP de Nueva Requena y personal de la Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).
Por disposición del fiscal provincial Dumas Campos Malpartida, las cuatro balsas fueron destruidas e incineradas en el lugar, como parte de las acciones de interdicción contra la minería ilegal. El personal interviniente elaboró las actas correspondientes para dejar constancia del procedimiento.
Durante la intervención se detuvo a un implicado, identificado como Mario Ahuanari (68), según informó la FEMA. El valor de los bienes destruidos superaría los S/ 320 000, de acuerdo con la misma fuente.
Impacto ambiental y expansión de la minería ilegal
La minería ilegal en el río Aguaytía genera presión sobre los ecosistemas acuáticos y las zonas ribereñas de Ucayali debido a la remoción de sedimentos y a las alteraciones que produce la extracción de minerales en los cauces amazónicos.
Un operativo conjunto de la Marina de Guerra y la FEMA, realizado en el distrito de Curimaná, provincia de Padre Abad, constató cómo operan las dragas, embarcaciones artesanales que succionan arena del río y utilizan mercurio para separar el oro, contaminando el agua y afectando la biodiversidad.
“Es un indicio inequívoco de minería ilegal. Han dejado todo porque acaban de huir”, explicó el fiscal José Guzmán, de la FEMA Ucayali, al mostrar los equipos encontrados en una de las embarcaciones intervenidas.
Las cifras evidencian que el problema sigue en expansión. Solo en lo que va del 2026, la Marina de Guerra ha destruido 64 dragas en Ucayali, superando las 42 del 2025 y las 15 registradas en 2024. En Huánuco, la cifra también va en aumento, con 70 dragas destruidas este año.
Para el contraalmirante Diego Gago, este incremento responde al llamado “efecto globo”: la presión en regiones como Madre de Dios, Loreto y Huánuco ha desplazado la minería ilegal hacia nuevas zonas como el río Aguaytía.
Un negocio difícil de erradicar
Pese a los operativos, las autoridades reconocen que la estrategia actual es insuficiente. La destrucción de maquinaria solo golpea la superficie de una estructura criminal mucho más compleja.
“La labor es reactiva. Se necesita inteligencia para capturar a quienes financian esta actividad”, advirtió el fiscal coordinador Frank Almanza, quien también alertó sobre el rol de la corrupción en el ingreso de combustible y suministros clave.
Según estimaciones oficiales, solo este año se han destruido bienes valorizados en 25 millones de soles. Esta cifra representa apenas una parte del dinero que mueve la minería ilegal, actividad que ya genera ingresos superiores al narcotráfico.
Antecedentes y contexto regional
La intervención en Nueva Requena se suma a otras acciones recientes en la misma cuenca. En un operativo previo, la Primera y Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali neutralizaron actividades de minería ilegal en el cauce del río Aguaytía, en el distrito de Curimaná. En esa ocasión fue destruida una draga ilegal junto con un motor chino, una bomba de succión, mangueras, un grupo electrógeno y combustible, según informó desdeadentro.pe.
Ese operativo se ejecutó de manera multisectorial con el liderazgo del fiscal provincial Vladimir Rojas Arellano y el apoyo de la Base Militar de Zorrillos de la Marina de Guerra del Perú, efectivos de la Unidad Descentralizada de Protección del Medio Ambiente (Unidpma) Ucayali de la Policía Nacional, el Batallón de Infantería y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi).
La lucha contra la minería ilegal también se extiende a otras regiones amazónicas. En Madre de Dios, un operativo ejecutado el 18 de febrero de 2026 en el sector Hilaria, en Tambopata, permitió la destrucción de maquinaria valorizada en más de S/ 28 millones, según informó Infobae. El despliegue incluyó la incautación y destrucción de seis motores marca Deutz, 14 motores sumergidos, ocho pozas, 20 balsas, 20 tracas hidráulicas, 20 tracas mecánicas, 20 bombas de succión y 11 campamentos rústicos, entre otros bienes.
De acuerdo con la valorización oficial, el total de bienes incautados en esa operación ascendió a S/ 28 003 870, monto que representa un fuerte impacto en la economía de la minería ilegal en Madre de Dios, una de las principales problemáticas ambientales del país.
El alto comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, advirtió que esta actividad ilícita ya no se concentra en focos específicos, sino que tiene presencia en las 25 regiones del país. Precisó que zonas como Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali, Huánuco, Pataz (La Libertad) y Puno son particularmente críticas, donde la expansión de economías ilegales ha generado impactos ambientales y sociales de gran magnitud.
En términos operativos, el Estado ha intensificado las acciones de interdicción minera en los últimos años. Durante el 2024 se realizaron 745 operativos en todo el país, con bienes incautados o destruidos valorizados en más de S/ 2.240 millones. La cifra aumentó en el 2025, cuando se ejecutaron 1.037 intervenciones, alcanzando un valor cercano a S/ 4.000 millones en maquinaria, insumos y equipos vinculados a la extracción ilegal de oro.
La interdicción e incineración de maquinaria en zonas prohibidas de la Amazonía es un mecanismo legal que busca frenar la destrucción del ecosistema fluvial, evitando que el uso de dragas contamine el agua y destruya el lecho de los ríos. El Distrito Fiscal de Ucayali y las fiscalías ambientales reafirman su compromiso de proteger el patrimonio natural, ejecutando acciones para erradicar las actividades ilícitas que amenazan la biodiversidad y la salud de las comunidades de la región.
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