El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, aprobó que un nuevo despacho fiscal asuma el caso Sánchez Paredes, el emblemático proceso por presunto lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas. La decisión se oficializó el viernes 21 de agosto, el mismo día en que estaba previsto el inicio del nuevo juicio oral contra los integrantes del clan.
Según la resolución 2480-2026-MP-FN, publicada en el diario oficial El Peruano, se dejó sin efecto la asignación del caso a la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos. El nuevo despacho encargado será la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a propuesta del coordinador de las fiscalías de lavado de activos.
Los argumentos del cambio
La resolución, suscrita por Tomás Gálvez, recoge la solicitud de la propia fiscalía original para desprenderse del caso, “atendiendo a su especial complejidad (cuenta con más de 1.400 tomos), la carga de audiencias del despacho y la disponibilidad de personal fiscal”.
El documento añade: “El gran volumen de documentos que contiene el expediente, la pluralidad de sujetos procesales y su actual estado procesal requieren asegurar una atención fiscal especializada, continua y oportuna. En ese contexto, corresponde dejar sin efecto el extremo de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 0551-2024-MP-FN referido al avocamiento de la primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos”.
La asignación original había sido dispuesta por Juan Carlos Villena, cuando se desempeñaba como fiscal de la Nación interino, debido a que ese despacho fue el primero en conocer el caso.
El nuevo juicio oral
El nuevo tribunal superior citó a juicio oral para el viernes 21 de agosto. Enfrentan el proceso Santos Orlando Sánchez Paredes, Segundo Manuel Sánchez Paredes, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, Fidel Ernesto Sánchez Alayo y Jesús Belisario Esteves Ostolaza.
En noviembre de 2023, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria absolvió a los miembros del clan Sánchez Paredes de la acusación por lavado de activos agravado. Sin embargo, en diciembre de 2025, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló dicha decisión y ordenó la realización de un nuevo juzgamiento.
La Corte Suprema consideró que la Sala Penal Superior incurrió en vicios de motivación irreparables: valoró las pruebas de forma sesgada, privilegió pericias de parte presentadas recién en el juicio oral sobre las pericias oficiales de la Dirandro, omitió pronunciarse sobre documentos clave oralizados por la Fiscalía —incluidos informes de la DEA y un expediente judicial de México— y confundió el objeto del proceso al exigir una condena previa por narcotráfico, cuando el lavado de activos es un delito autónomo.
La larga duración del proceso
La investigación comenzó en 2008 y el proceso acumula 18 años sin sentencia definitiva. Pese a ello, la Corte Suprema sostuvo que, dada la complejidad del caso y el volumen probatorio, no se ha vulnerado el principio del plazo razonable. En cambio, señaló que una eventual condena podría considerar un descuento prudencial en la pena debido al tiempo transcurrido, pero en ningún caso justificaría el archivo definitivo del caso.
El tribunal también instó al nuevo órgano jurisdiccional a evitar dilaciones innecesarias durante el proceso, velando siempre por respetar los derechos constitucionales de las partes involucradas. Además, dispuso la designación de nuevos peritos y solicitó el soporte técnico de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para elaborar una nueva pericia patrimonial sobre los bienes y negocios vinculados a los Sánchez Paredes, análisis que abarcará el período desde 1959 hasta diciembre de 2007.
El caso Sánchez Paredes
La Fiscalía sostiene que, entre 1991 y 2007, los hermanos Sánchez Paredes insertaron en la economía formal dinero proveniente del narcotráfico —atribuido a sus hermanos fallecidos Segundo Simón y Perciles Sánchez Paredes— a través de un entramado de empresas mineras y ganaderas, entre ellas Comarsa y Pomispa, sin poder acreditar el origen lícito de su capital.
El nuevo despacho fiscal deberá estudiar los más de 1.400 tomos del expediente para sustentar la acusación por lavado de activos. La resolución subraya que la pluralidad de sujetos procesales y el actual estado procesal requieren asegurar una atención fiscal especializada, continua y oportuna.
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