El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Yossel George Gil Vásquez y Juan Diego Chuquista Acosta, investigados por el presunto delito de secuestro agravado en agravio de una adolescente de iniciales E.Y.L.E. (17), en un caso que ha generado preocupación en Tingo María por la violencia con la que, según la tesis fiscal, se habría cometido el hecho.
La medida fue solicitada por el Ministerio Público, a través del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, a cargo de la fiscal provincial Jasmina Azucena Iparraguirre García. Según informó la Fiscalía, la decisión judicial busca garantizar el desarrollo de las investigaciones y evitar riesgos de fuga u obstaculización del proceso mientras se esclarecen los hechos denunciados.
La intervención habría ocurrido de madrugada y de acuerdo con la investigación fiscal, el caso se remonta a la madrugada del 4 de marzo de 2026. La adolescente se desplazaba alrededor de las 00:10 horas por la intersección de la avenida Alameda con el jirón San Alejandro, a bordo de una motocicleta junto a un amigo, cuando ambos fueron interceptados por un trimóvil rojo que les cerró el paso.
Según la denuncia presentada ante la Policía Nacional, del vehículo descendieron varios sujetos, entre ellos uno de los ahora investigados, quienes habrían sujetado por la fuerza a la menor y la obligaron a subir al mototaxi. La Fiscalía sostiene que, además, el acompañante de la víctima fue intimidado durante la intervención.
Víctima habría sido retenida varias horas Siempre de acuerdo con la tesis fiscal, la adolescente fue trasladada hasta el campo deportivo Brisas del Huallaga, un lugar apartado de la ciudad, donde presuntamente permaneció retenida contra su voluntad durante aproximadamente cuatro horas. La gravedad del caso se agrava, según el Ministerio Público, porque la presunta víctima es menor de edad.
Entre los elementos de convicción presentados ante el juzgado figuran la denuncia de la menor, su declaración en cámara Gesell, registros de videovigilancia, el testimonio del acompañante que presenció lo ocurrido y certificados médico-legales.
Investigación seguirá en curso Tras evaluar estos elementos, el juzgado resolvió imponer la medida coercitiva por nueve meses. La Fiscalía indicó que continuará con las diligencias para fortalecer la investigación y determinar con precisión el nivel de responsabilidad de cada investigado en este presunto delito que atenta contra la libertad personal.
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