Contraloría también detectó equipos de control averiados y grabaciones que se conservan menos tiempo del exigido en el penal que alberga a cerca de 3242 internos.
Catorce cámaras inoperativas y seis torreones sin presencia policial comprometen la vigilancia del penal de Potracancha, en Huánuco. Las deficiencias fueron advertidas por la Contraloría General de la República durante una inspección que también identificó limitaciones para controlar el ingreso de objetos y sustancias prohibidas.
Los hallazgos constan en el Informe de Visita de Control n.° 13582-2026-CG/GRHC-SVC, correspondiente a la evaluación realizada del 14 al 16 de septiembre de 2026. El establecimiento penitenciario alberga a aproximadamente 3242 internos.
Grabaciones se almacenan solo durante quince días
De las 45 cámaras instaladas, 14 estaban fuera de funcionamiento. Además, las imágenes se conservaban únicamente durante quince días, cuando el periodo establecido es de sesenta. Esta limitación reduce la posibilidad de recuperar registros para esclarecer incidentes detectados después del plazo disponible.
La inspección también encontró inoperativos los faros conocidos como «buscapersonas», utilizados para iluminar y vigilar el perímetro, especialmente de noche. A esta condición se suma que la mitad de los doce torreones carecía de presencia policial, lo que restringe la cobertura de seguridad en esos puntos.
Controles de ingreso presentan otras deficiencias
El personal del Instituto Nacional Penitenciario tampoco disponía de un escáner corporal de rayos X para reforzar las revisiones. Asimismo, el detector de metales tipo arco estaba inoperativo, aumentando las dificultades para detectar elementos prohibidos antes de su ingreso.
Los inspectores verificaron, además, la falta de guantes quirúrgicos, cucharas especiales y desinfectantes necesarios para las labores de revisión y manipulación de objetos.
La Contraloría comunicó los resultados a los directores regionales del INPE para que adopten medidas correctivas e informen al Órgano de Control Institucional. Las observaciones advierten riesgos de seguridad; no acreditan, por sí mismas, que durante la inspección se haya producido el ingreso de material ilícito al establecimiento penitenciario.










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