El distrito de Pataz, en la región La Libertad, encabeza el ranking nacional de homicidios por cada 100.000 habitantes. Según el registro difundido por El Comercio, entre setiembre del 2025 y agosto de este año la tasa en ese distrito alcanzó 315, más del doble que la del segundo lugar, Ananea (Puno), donde la misma medición arrojó 145.
La cifra coloca a Pataz muy por encima del resto de distritos evaluados con el mismo criterio. El listado incluye también a Inambari y Laberinto (Madre de Dios), así como a Unión Asháninka (Cusco), Zarumilla y Papayal (Tumbes), territorios asociados a la minería informal o ilegal y al cultivo de coca o al tráfico de drogas.
De acuerdo con el análisis publicado, la presencia de organizaciones criminales en esas zonas explicaría la violencia que se registra en ellas. La relación entre minería ilegal y crimen organizado dejó de ser solo una amenaza ambiental para convertirse en un problema crítico de seguridad pública, según ese análisis.
Los distritos con más homicidios
Un informe del Colectivo País Seguro (PAS), citado por La República, detalla el número de asesinatos en los distritos donde crece la minería ilegal. En Pataz (La Libertad) se contabilizaron 294 homicidios; en Ananea (Puno), 159; en Inambari (Madre de Dios), 129; y en Puerto Inca (Huánuco), 54. Estas cifras corresponden a homicidios absolutos y a un periodo distinto al del registro de El Comercio, por lo que no son directamente comparables con la tasa de 315 por cada 100.000 habitantes.
Según ese informe, en distritos con actividad minera ilícita la tasa de asesinatos supera hasta 45 veces el promedio nacional. "Mientras que algunas provincias lograron reducir la violencia letal, otras exhiben incluso incrementos abruptos", señalaron los expertos de esa agrupación multidisciplinaria, que exige acciones firmes contra la criminalidad y la minería ilegal.
El reporte también precisa que, entre el 28 de julio y el 21 de septiembre, el Perú registró 302 homicidios en 56 días, de los cuales 221 (73.2%) fueron ocasionados por proyectil de arma de fuego. El promedio nacional, sin embargo, oculta realidades territoriales muy diferentes.
La violencia en las zonas mineras
En La Libertad, además de los homicidios, el informe del PAS consigna 1.625 denuncias por extorsión y 415 denuncias por minería ilegal. Los expertos advierten que la violencia letal en esa región está altamente focalizada y requiere una estrategia de intervención más específica, y no solo un estado de emergencia.
El caso de La Rinconada (Puno) ilustra las condiciones en esos territorios. De acuerdo con el PAS, más de 30.000 personas están expuestas a explotación y condiciones laborales precarias; el 78% de su población vive sin acceso a agua potable ni desagüe, y el control de organizaciones criminales es constante.
En los últimos meses se reportaron varios crímenes en esos distritos. El 31 de diciembre, en vísperas del Año Nuevo 2026, un enfrentamiento armado en la bocamina Papagayo, sector Morena, en Pataz, dejó tres personas fallecidas. Según el reporte, una red criminal ingresó a la zona de la Compañía Minera Poderosa para robar oro, lo que generó un tiroteo con personal de seguridad privada, y tres presuntos mineros ilegales murieron por impactos de bala.
El 1 de julio de este año, cuatro mineros fueron hallados asesinados con impactos de bala en la cabeza en el ingreso a la bocamina El Olivo, en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea (Puno). Fueron identificados como Roger Quispe Paucar (31), José Quispe Paucar (37), Ruiz Edilberto Quispe Machaca (31) y Ángel David Machaca Colca (29), quienes trabajaban como obreros en la unidad minera 31. En mayo, el minero Alejandro Fernández Tairo fue asesinado a tiros en un descampado entre Inambari y Quincemil, y un mes después fue hallado sin vida el minero Armando Ortiz Huaracha en el sector de Alto Inambari (Sandia).
A inicios de septiembre de 2026, el avance de la minería ilegal en la provincia de Puerto Inca (Huánuco) dejó dos nuevas víctimas mortales en un contexto de violencia y conflicto por el control de territorios.
El patrón que se repite en los socavones
El crimen ocurrido en La Rinconada presenta similitudes con la masacre de mineros registrada en Pataz en mayo del 2025, donde 13 trabajadores fueron asesinados por presuntos integrantes de bandas criminales vinculadas a la minería ilegal. En La Libertad, los cuerpos de las víctimas fueron hallados maniatados, con impactos de bala y signos de violencia. En el caso de La Rinconada, hasta el momento no se ha encontrado registro audiovisual de este tipo.
La información oficial detalla que las víctimas de Pataz trabajaban para la empresa R&R, dedicada a labores formales para la minera Poderosa. El ataque se produjo en una zona bajo el control de bandas criminales que disputaban el dominio de la extracción de oro. En marzo pasado, dos trabajadores mineros fueron hallados muertos con heridas de bala en el sector San Ignacio de La Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putina (Puno). Los cuerpos estaban envueltos en mantas, atados con sogas y cubiertos con sacos de polietileno, y presentaban signos de violencia, de acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional del Perú.
Testigos indicaron que en la madrugada se escucharon múltiples disparos dentro de un socavón, lo que podría significar que el ataque ocurrió dentro de la mina y que posteriormente los cuerpos fueron trasladados al exterior. Las autoridades investigan un posible doble homicidio, y la causa de muerte preliminar sería shock hipovolémico por proyectiles de arma de fuego, pendiente de confirmación tras la necropsia de ley. La identificación de una de las víctimas fue posible luego de que una mujer informara la desaparición de su familiar; el trabajador fue identificado como Denilson Huaynacho Lima (23), mientras que la segunda víctima sigue sin ser identificada.
El levantamiento de los restos se realizó con intervención del Ministerio Público y personal sanitario oficial, y fueron trasladados a la morgue de Juliaca para las diligencias correspondientes. La policía mantiene abiertas las investigaciones sobre el doble crimen.
El avance de la minería ilegal y la respuesta del Estado
El abogado y analista en temas de minería ilegal Greco Quiroz sostuvo que las mafias de esa actividad en Pataz han desatado una ola de crímenes y asesinatos en Trujillo por el control del oro. "Estamos preocupados por esta espiral de violencia en La Libertad. La minería ilegal es la fuente de esa violencia. Las organizaciones criminales buscan el control y la ganancia que genera esta actividad ilícita en Pataz. Y esto rebota hacia Trujillo, porque la gran mayoría de mineros ilegales hacen inversión de su dinero sucio en Trujillo", declaró a Red de Comunicación Regional (RCR).
Quiroz señaló que el asesinato del hermano del alcalde de Pataz, Homero Armas Villalobos, es una muestra de esa violencia criminal. "Homero Armas Villalobos es hermano del actual alcalde de Pataz, Segundo Armas Villalobos. El fallecido se dedicaba a la minería informal y no pudo lograr el Reinfo, tuvo denuncias por usurpación, pero todo indica, según las fuentes policiales, que esta muerte una vez más estaría vinculada a la minería ilegal en Pataz", indicó.
El analista explicó que los enfrentamientos responden a una disputa territorial entre redes criminales. "Una vez que ingresan a un socavón, este es explotado hasta que ya no produce mineral y pasan al siguiente. Entonces comienzan a buscar otras áreas, que ya están invadidas por otras organizaciones, y al querer tomar el control vienen los enfrentamientos y los fallecimientos", detalló.
Quiroz advirtió además que, según su versión, el partido Somos Perú tiene candidatos con presunta vinculación a la minería ilegal que postulan al Gobierno Regional de La Libertad y a la alcaldía de Pataz en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026. Se trata de una afirmación del analista que no ha sido corroborada de manera independiente y sobre la cual corresponde solicitar derecho de respuesta a la agrupación política. Las cifras oficiales, según refirió Quiroz, hablan de 93 asesinatos en La Libertad.
La minería ilegal también se extiende a zonas más cercanas a la capital, como Cañete, Huarochirí y el norte de Lima Metropolitana. El informe del PAS sostiene que la relación entre esa actividad y el crimen organizado ha dejado de ser solo una amenaza ambiental para convertirse en un problema crítico de seguridad pública en el país.
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