La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a 12 presuntos integrantes de la organización criminal Los Parqueros del Jota durante una megaoperación ejecutada de manera simultánea en las provincias de Pataz, Sánchez Carrión, Chepén y Trujillo, en la región La Libertad, y en Lima. La intervención, denominada plan de operaciones Explosión 2026, se realizó tras la resolución emitida por el Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy.
Más de 240 efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), con apoyo de unidades de la Región Policial La Libertad, cumplieron la orden de allanamiento y descerraje de 23 inmuebles. La operación fue coordinada con la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal de La Libertad.
Los detenidos y lo incautado
Según las autoridades, se ejecutó la detención preliminar de Domingo Romero (38), Rogelio Jaime (31), Walter Campos (35), Walter Flores (47), Jeremías Morillo (34), Milton Niquin (25), Eliceo Robles (31), Nildo Mallqui (58), Segundo Bautista (48), Jesús Carhuaricra (33) y Edwar Ruiz (24). Además, se capturó en flagrancia a Jahaira Mallqui por el presunto delito de fabricación, uso y porte de armas de fuego.
Durante las diligencias, las fuerzas del orden incautaron 20 teléfonos celulares, tres chips, dos tarjetas SIM, tres tarjetas de débito, tres cuadernos, tres agendas, dos solicitudes de giro, una licencia de conducir, una tarjeta de presentación, 10,000 dólares en efectivo y municiones, que serán materia de investigación.
Vínculos con la minería ilegal
De acuerdo con las autoridades, esta presunta organización criminal estaría vinculada con el abastecimiento clandestino de explosivos, armas y municiones que serían trasladados desde Trujillo hacia Pataz, y que son utilizados para destruir torres de alta tensión y provocar apagones que facilitan la extracción ilegal de oro.
Asimismo, dentro de sus modalidades también estaría la de coaccionar y explotar a terceras personas, incluyendo menores de edad, para que ingresen a los socavones a recolectar el mineral en sacos, empleando armas de fuego de corto y largo alcance para amenazar a los trabajadores y enfrentarse a bandas rivales.
Después, transportarían el oro robado hacia Trujillo en camiones y volquetes, a través de rutas clandestinas o conducidos por ciudadanos inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y utilizando guías de control de otras empresas para evadir las intervenciones policiales, según las autoridades.
Según la PNP, con esta intervención, la institución, siguiendo las disposiciones dadas desde el sector Interior, liderado por el ministro César Astudillo, reafirma su capacidad de investigación y despliegue operativo para enfrentar a las organizaciones criminales y desarticular sus redes, en especial aquellas vinculadas a actividades ilícitas que afectan la seguridad y el orden público.
Contexto de la lucha contra la minería ilegal
En junio de este año, el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagnano, supervisó en Pataz las operaciones del Comando Unificado Pataz (Cupaz), que según la Agencia Andina generaron una afectación económica de S/ 899,800 a organizaciones criminales en lo que va del año. Durante su recorrido inspeccionó el puesto de control multisectorial Calquiche, uno de los principales filtros instalados junto a Shicún y Pamparacra.
En ese marco, Flores recibió un informe sobre las operaciones desarrolladas durante la vigencia del Decreto Supremo 049-2026-PCM, que incluyó la incautación de armamento y vehículos, así como la detención de presuntos integrantes de bandas como La Gran Alianza, Los Parqueros de Pataz, Los Hijos de Celideth y Nueva Generación.
De acuerdo con un balance de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) difundido en diciembre pasado, el Gobierno ejecutó más de 1.000 operativos contra la minería ilegal a nivel nacional entre enero y el 15 de diciembre, con una incautación y destrucción de bienes y equipos valorizados en más de S/ 3.800 millones. La Libertad figuró entre las regiones con más intervenciones (135) y con mayores incautaciones (S/ 575 millones), detrás de Madre de Dios y Cajamarca.
El alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la PCM, Rodolfo García Esquerre, señaló en esa oportunidad que el enfoque de los operativos consiste en debilitar la logística y los activos de las estructuras delictivas. "La respuesta del Estado es permanente. Vamos a continuar con intervenciones que impidan que la minería ilegal consolide posiciones y que sigan afectando a las comunidades y al medio ambiente", expresó.
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