El fiscal superior Frank Almanza, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), advirtió este jueves que la minería ilegal avanza en los alrededores del paralizado proyecto Conga, en Cajamarca, y sostuvo que esa región podría afrontar un problema mayor al registrado en Pataz, en La Libertad.
“Estamos pensando que ya están, en alguna medida, entrando en ese territorio. (...) Si usted hace un recorrido de Hualgayoc a Bambamarca, va a encontrar en esa ruta muchos trabajos de minería ilegal. Y usted sabe que por ahí está Conga”, declaró Almanza en una entrevista con el diario Perú21.
El magistrado precisó que todavía es difícil determinar qué porcentaje del área vinculada al proyecto habría sido ocupado, pero insistió en que existen indicios de actividad ilícita en la zona.
Diez focos de preocupación en Cajamarca
Según indicó el fiscal, Cajamarca concentra al menos diez puntos de preocupación por la expansión de esta actividad. Cada uno de ellos podría convertirse en un foco de violencia similar al de Pataz, donde operan organizaciones criminales vinculadas a la extracción y comercialización ilegal de oro.
“Dicen que Cajamarca va a ser el nuevo Pataz. Yo diría que no. Yo diría que el problema en Cajamarca es diez Pataz”, afirmó. Entre las zonas que mencionó figuran Algamarca, Chugur, Tanlayoc, Celendín, Bambamarca y Sorochuco.
El representante del Ministerio Público explicó que la expansión de la minería ilegal puede facilitar la entrada de organizaciones criminales que, inicialmente, ofrecen protección a los operadores y después buscan controlar distintas etapas del negocio. Entre sus mecanismos figuran el cobro de extorsiones, la venta de combustible e insumos y la compra del oro extraído.
Como ejemplo, mencionó lo ocurrido en Puerto Maldonado, donde, según señaló, grupos que comenzaron brindando seguridad a los mineros ilegales terminaron ejerciendo el control de la actividad mediante presiones económicas. “Ya no son los mineros ilegales los que tienen su seguridad; ahora la seguridad controla a los mineros”, manifestó.
Alerta por organizaciones criminales y presunta influencia política
Almanza también alertó sobre la presunta presencia de organizaciones criminales en Sorochuco y mencionó a la banda ‘Los Pulpos’, a la que se le atribuye el reciente secuestro de un empresario y la matanza de sus cuatro acompañantes el pasado domingo en Trujillo. “Ya se tiene evidencia de que están allí”, aseguró, sin ofrecer mayores detalles sobre los indicios a los que hizo referencia.
El fiscal consideró que la presencia de oro y la distribución de los focos de extracción elevan los riesgos en Cajamarca. “Hay una gran cantidad de oro en Cajamarca y, de pronto, la ley es mayor”, afirmó, en referencia a la concentración del metal en el mineral extraído.
A diferencia de La Libertad, donde los principales focos se concentran en Pataz y Huamachuco, en Cajamarca la minería ilegal se extiende por varias localidades, lo que dificulta la respuesta estatal y eleva el riesgo de violencia. Almanza también advirtió sobre el poder económico de estas redes y su posible influencia política, al señalar que considera probable que hayan financiado campañas electorales, aunque no identificó a candidatos ni autoridades.
“Es bastante probable —no lo voy a aseverar ni voy a decir fulano o zutano— que hasta se hayan financiado campañas políticas de gobernadores, alcaldes y, de pronto, congresistas”, declaró.
Almanza estimó que el gramo de oro alcanza un valor cercano a los 500 soles y sostuvo que los ingresos generados por el negocio ilegal pueden favorecer la corrupción y la violencia. “Eso vence voluntades, corrompe, genera violencia”, manifestó.
Conga, paralizado desde 2011
El proyecto Conga quedó paralizado en 2011 tras las protestas antimineras motivadas, entre otros factores, por el temor a que su desarrollo afectara las fuentes de agua y el medioambiente.
El caso de Pataz, usado como referencia comparativa por el fiscal, registró en 2025 el 69% de las denuncias por minería ilegal en La Libertad, según datos difundidos por la revista Caretas. La tasa de extorsión en esa provincia alcanzó las 43,8 denuncias por cada 100 mil habitantes, doce veces más que en 2020. A inicios de 2026, 29 trabajadores fueron rescatados tras ser secuestrados por redes criminales en la mina Sanone.
De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), el presupuesto de seguridad pública en La Libertad cayó de S/ 741 millones ejecutados en 2025 a S/ 292 millones para este año, un recorte del 60,7% que afecta proyectos de vigilancia en provincias como Pataz, Otuzco y Trujillo.
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