El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) condenó el ataque armado ocurrido el 6 de octubre en el sector Santa María, en la provincia de Pataz, región La Libertad, que dejó dos trabajadores fallecidos y otras dos personas heridas. A través de un comunicado difundido el 8 de octubre, el gremio expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y su solidaridad con los heridos, sus compañeros de trabajo y las personas afectadas por el hecho.
La institución advirtió que la minería ilegal constituye una expresión del crimen organizado y alertó sobre sus efectos en la seguridad de las comunidades y el Estado de derecho. En ese marco, el IIMP invocó a las autoridades a restablecer el orden y actuar con decisión contra esta actividad, así como a garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores mineros, que tienen derecho a desempeñar su labor sin poner en riesgo su vida.
"La minería ilegal es crimen organizado. Su violencia cobra vidas, siembra temor en las comunidades y socava el Estado de Derecho. Como país, no podemos normalizarla", señaló la institución.
En otro pasaje del documento, el gremio expresó: "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad con los heridos, sus compañeros de trabajo y todas las personas afectadas por este lamentable suceso". Asimismo, reafirmó su compromiso con una minería formal, segura y sostenible, que contribuya al desarrollo del país en un entorno de paz y legalidad.
El ataque en Santa María y las víctimas
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el ataque se produjo cerca de las 20:00 horas del lunes 6 de octubre en la bocamina del nivel 2410, en el sector Santa María–Beta Briana, dentro de una concesión vinculada a la Compañía Minera Poderosa. Las víctimas mortales fueron identificadas como Jherwin Cachique Ishuiza, de 24 años, y Marcial Ojanama Gonzales, de 42 años, quienes prestaban servicios de seguridad privada para un minero artesanal con contrato vigente.
Los heridos fueron identificados como Vidal Tomás Villanueva Flores, de 34 años, y Armando Ferreyra Flores, de 30 años. Ambos recibieron atención médica inicial en la zona y fueron trasladados a Trujillo para recibir asistencia especializada, según los reportes del suceso. Un quinto trabajador logró salir ileso, de acuerdo con las versiones difundidas sobre la emergencia.
La Policía Nacional del Perú, con apoyo de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, intervino en el lugar para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes. Los agentes que acudieron encontraron a dos hombres muertos por impactos de arma de fuego y a otros dos con heridas de gravedad. Las autoridades buscan establecer las circunstancias del enfrentamiento e identificar a los responsables.
De acuerdo con la información preliminar, el episodio estaría relacionado con un enfrentamiento entre trabajadores mineros y presuntos integrantes de organizaciones criminales. Otro reporte policial señala que el hecho podría estar vinculado con una toma de rehenes dentro de la bocamina, circunstancia que permanece bajo investigación.
Pedidos al Gobierno y avance de las investigaciones
La Compañía Minera Poderosa confirmó que colabora con la Policía Nacional para facilitar las investigaciones y solicitó al Poder Ejecutivo un mayor despliegue de recursos para el Comando Unificado de Pataz (CUPAZ), con el objetivo de reforzar las acciones frente a la actividad minera ilegal y los hechos de violencia que afectan a la provincia. El pedido apunta a que el CUPAZ, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las demás instituciones involucradas puedan enfrentar los actos criminales en la zona.
"Rechazamos con la máxima firmeza esta nueva expresión de violencia criminal que continúa cobrando vidas y sembrando temor en Pataz", sostuvo la empresa en su comunicado.
En el mismo pronunciamiento, difundido el 7 de octubre, la compañía expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y su solidaridad con los heridos, con el minero artesanal y con las demás personas afectadas. También condenó la minería ilegal, a la que calificó como una expresión de crimen organizado que recurre a la violencia para apropiarse ilícitamente de zonas de trabajo y recursos minerales.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) también rechazó el atentado y se solidarizó con los trabajadores y directivos de la empresa. La cartera recalcó que corresponde a las autoridades policiales y del Ministerio Público determinar las responsabilidades correspondientes y aplicar "todo el peso de la ley" contra los autores de este ataque. "Desde el Minem, ratificamos nuestro rechazo a la actividad minera ilegal y orientamos nuestros esfuerzos para garantizar actividades mineras sostenibles, que cumplan con los marcos legales establecidos", precisó el comunicado.
El coronel PNP Percy Huapaya, jefe de la Divincri de La Libertad, señaló que no descartan que este suceso en Pataz esté relacionado con un presunto caso de extorsión contra la empresa minera. Según el mando policial, la modalidad del ataque —el derribo de torres de transmisión eléctrica— es similar a la que la compañía sufrió el año pasado y obedecería a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.
Qué es el IIMP y su posición sobre el sector
El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú es un gremio que agrupa a profesionales del sector minero y que se pronuncia habitualmente sobre políticas públicas vinculadas a la actividad extractiva. En marzo de este año, la institución advirtió que un predictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que planteaba reducir de 30 a 15 años el plazo de las concesiones mineras, debilitaría el marco formal y podría generar mayores oportunidades para la minería ilegal.
En esa oportunidad, el gremio explicó que la concesión minera no es un fin en sí mismo, sino el inicio de un proceso que incluye exploración, desarrollo, producción por etapas, reposiciones y ampliaciones, lo que requiere estabilidad jurídica y horizontes de largo plazo. Recordó además que los grandes proyectos mineros en el Perú pueden tardar hasta cuatro décadas en desarrollarse.
El IIMP también señaló que en 2025 se presentaron 11.000 petitorios mineros, de los cuales el 65% correspondió a pequeños mineros, lo que a su criterio demostraría que este sector sí tiene acceso al sistema de concesiones. Los profesionales hicieron entonces un llamado al Congreso a evaluar la propuesta con sustento técnico y a priorizar medidas orientadas a agilizar la evaluación de proyectos, mejorar los procesos de permisos y avanzar en la formalización de la pequeña minería.
Estado del caso
La investigación del caso permanece a cargo de las autoridades competentes, que continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes participaron en la incursión armada. El IIMP, en tanto, insistió en que la violencia vinculada a la minería ilegal no puede normalizarse en el país y en que se requieren acciones decisivas para neutralizar a los grupos delictivos que operan en la zona norte.
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