Un médico legista del Ministerio Público es investigado como presunto cabecilla de una organización criminal que habría falsificado certificados de defunción para cobrar seguros y pensiones por alrededor de S/ 22 millones, en perjuicio de aseguradoras y administradoras de fondos de pensiones.
Se trata de Edgar Eduardo Poma Condori, quien según la investigación difundida por el programa dominical Punto Final de Latina, habría utilizado documentación falsa para simular el fallecimiento de personas y luego gestionar cobros indebidos. Las indagaciones están a cargo de la División de Investigación de Denuncias Derivadas del Ministerio Público y la Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro.
El mecanismo de la presunta red
De acuerdo con las pesquisas, el mecanismo habría consistido en reincorporar documentalmente a personas fallecidas al sistema laboral y previsional. Después de registrar aportes, se generaba una nueva defunción oficial para que personas presentadas como familiares o beneficiarios gestionaran cobros ante compañías de seguros y administradoras de fondos de pensiones.
El caso involucra a personas que habían fallecido años antes, pero que posteriormente aparecieron afiliadas a sistemas previsionales, con aportes registrados y una supuesta actividad laboral. Luego se consignaba nuevamente su fallecimiento y presuntos familiares se presentaban para solicitar beneficios como seguros de vida, pensiones y gastos de sepelio.
Casos detectados en la investigación
Entre los expedientes revisados figura el de Josué Valdez Gutiérrez, cuyo fallecimiento original habría ocurrido en febrero de 2003. Sin embargo, un certificado firmado por Poma Condori señaló que murió el 11 de noviembre de 2020 en Paucartambo, Cusco. Ese mismo año se registraron aportes previsionales a su nombre y, en enero de 2022, se efectuó un pago de S/ 1,3 millones.
La investigación también menciona a César Chura Ticona, afiliado al sistema previsional en mayo de 2020 y declarado fallecido meses después. El seguro previsional desembolsó S/ 941.983,95. Otros casos corresponden a Rosa Pimentel Tapia, fallecida inicialmente en 2013 y vinculada después a un cobro de S/ 88 mil, y César Quispe Arriaga, cuya documentación habría permitido que supuestos beneficiarios recibieran S/ 1 millón.
Funerarias y empresas bajo la lupa
Las autoridades también investigan la participación de las funerarias Luz en el Cielo y De Alcázar, además de la empresa Delta Elite Seguridad-Vigilancia, donde figuraban como trabajadores tres personas que ya habían fallecido. Todos los integrantes de la presunta organización fueron detenidos y cumplen 18 meses de prisión preventiva.
Los investigadores también buscan establecer si este método pudo utilizarse para registrar como fallecidas a personas requeridas por la justicia, lo que ampliaría el alcance del fraude y sus implicancias legales. Mientras tanto, los detenidos permanecen bajo prisión preventiva a la espera de que avancen las pesquisas.
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