La comunidad nativa Potsoteni, en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo (Junín), denunció que tres menores de edad —una niña y dos bebés— fallecieron en los últimos meses tras no recibir un traslado de emergencia oportuno hacia establecimientos de salud especializados. La denuncia fue presentada por la Central Asháninka del Río Ene (CARE), que responsabilizó al Tambo del Programa Nacional PAIS de la zona.
Según la organización indígena, en los tres casos no estuvo disponible oportunamente la embarcación fluvial del Tambo, conocida como chalupa, ni el personal encargado de operarla. CARE exigió al Programa Nacional PAIS y a las autoridades competentes investigar los hechos para determinar responsabilidades administrativas y penales frente a una presunta omisión de auxilio.
Los tres casos denunciados
El primer caso ocurrió el 28 de diciembre de 2025, cuando una niña de cuatro años presentó un cuadro severo de envenenamiento. CARE señala que la gestora del Tambo autorizó el uso de la embarcación, pero el motorista no se encontraba en la comunidad y el traslado no pudo concretarse. La menor falleció al día siguiente.
El segundo caso ocurrió el 1 de julio de 2026. Una bebé de un mes presentó bronconeumonía grave y, ante la ausencia de la gestora y del motorista, CARE gestionó un helicóptero ante el Comando Especial VRAEM. La menor fue trasladada a Satipo, pero falleció.
El tercer caso ocurrió el 20 de septiembre. Un niño de aproximadamente un año presentó nuevamente un cuadro grave de bronconeumonía. CARE sostiene que la gestora se encontraba en la comunidad, pero no autorizó el traslado porque estaba en su día de descanso, y el motorista tampoco estaba disponible por ser domingo. El menor falleció.
«Probablemente se iban a salvar si oportunamente las trasladaban o las evacuaban. Por ejemplo, en el caso de la niña que ha sido envenenada, ha durado toda una noche para que se le pueda salvar la vida. Ocurrió más o menos a las 3 de la tarde y duró hasta el día siguiente, cuando falleció a las 4 o 5 de la mañana. Había posibilidades de salvarle la vida».
Así lo precisó Ángel Pedro Valerio, presidente de la CARE, quien sostuvo que las muertes podrían haberse evitado con una actuación oportuna de las autoridades.
El pedido formal al Programa PAIS
La CARE formalizó su reclamo mediante el Oficio N.° 0317-2026-P/CARE, enviado el 23 de septiembre al director ejecutivo del Programa PAIS, Javier Erasmo Carmelo Ramos. El documento recoge el acta de una asamblea comunal realizada el 21 de septiembre.
Entre los pedidos de la organización figuran:
- Investigar la conducta del personal del Tambo Potsoteni y de las autoridades del Midis para sancionar la presunta omisión de auxilio.
- Evaluar el reemplazo inmediato de la gestora del Tambo, Jhoselyn Ruiz Terrones, y del motorista Walter Andrés Pishirovanti.
- Asegurar el funcionamiento continuo, las 24 horas y los 7 días de la semana, de las embarcaciones de emergencia en la cuenca del río Ene.
La organización cuestionó que los Tambos del Programa Nacional PAIS mantengan sus embarcaciones inmovilizadas y no dispongan de personal de retén para emergencias médicas vitales, lo que —según denunció— incumple el objetivo de garantizar la presencia del Estado en zonas amazónicas de difícil acceso.
Contexto: salud y alertas en la cuenca del río Ene
La crisis de atención en Potsoteni se enmarca en las dificultades de acceso a servicios de salud que enfrentan las comunidades del río Ene. Según el Sistema de Alerta Temprana de CARE (SAT-CARE), durante 2024 se registraron 54 alertas y en 2025 la cifra ascendió a 56, sumando 110 en dos años; más del 90 % de esos casos obtuvo una respuesta efectiva, de acuerdo con la organización.
Entre enero y julio de 2026, el sistema recibió 22 alertas provenientes de 14 comunidades nativas, además de dos registros que involucraron a varias comunidades de la cuenca, alcanzando la atención de más del 50 % de las alertas registradas en ese periodo. Las inundaciones fueron la principal amenaza, con cinco alertas, mientras que en el ámbito educativo la ausencia injustificada de docentes concentró otras cinco.
La CARE enfatizó que el acceso a la salud digna, oportuna y con enfoque intercultural es un derecho fundamental de las comunidades nativas y advirtió que el abandono del Estado sigue cobrando vidas infantiles en los territorios indígenas.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDH) también se pronunció sobre los hechos y cuestionó la falta de atención y transporte de emergencia en el río Ene. La organización exigió al Estado investigar lo ocurrido y garantizar atención oportuna para las comunidades. Hasta el cierre de esta nota, no se precisó si el Programa Nacional PAIS o el Midis emitieron un pronunciamiento sobre el oficio de la CARE.
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