La comunidad nativa Potsoteni, en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo (Junín), denuncia que tres menores de edad —una niña y dos bebés— fallecieron en los últimos meses tras no recibir un traslado de emergencia oportuno hacia establecimientos de salud. La Central Asháninka del Río Ene (CARE) atribuye estas muertes a la desatención del Estado en la cuenca del río Ene y a la falta de evacuación por parte del Tambo Potsoteni, del Programa Nacional PAIS.
La organización indígena exigió al Programa Nacional PAIS y a las autoridades competentes investigar los hechos para determinar responsabilidades administrativas y penales frente a la omisión de auxilio. El pedido fue formalizado mediante el Oficio N.° 0317-2026-P/CARE, enviado el 23 de septiembre al director ejecutivo del Programa PAIS, Javier Erasmo Carmelo Ramos.
Tres muertes y un mismo patrón: la falta de traslado
Según CARE, el primer caso ocurrió el 28 de diciembre de 2025, cuando una niña de cuatro años presentó un cuadro severo de envenenamiento. La gestora del Tambo autorizó el uso de la embarcación, pero el motorista no se encontraba en la comunidad y el traslado no se concretó. La menor falleció al día siguiente.
El segundo caso ocurrió el 1 de julio de 2026, cuando una bebé de un mes presentó bronconeumonía grave. Ante la ausencia de la gestora y del motorista, CARE gestionó un helicóptero ante el Comando Especial VRAEM. La menor fue trasladada a Satipo, pero falleció.
El tercer caso ocurrió el 20 de septiembre. Un niño de aproximadamente un año presentó nuevamente un cuadro grave de bronconeumonía. CARE sostiene que la gestora se encontraba en la comunidad, pero no autorizó el traslado porque estaba en su día de descanso, y el motorista tampoco estaba disponible por ser domingo. El menor falleció.
Ángel Pedro Valerio, presidente de la CARE, sostuvo que las muertes podrían haberse evitado con una evacuación oportuna. Respecto al caso de la niña intoxicada con un producto agrícola, precisó:
«Probablemente se iban a salvar si oportunamente las trasladaban o las evacuaban. Por ejemplo, en el caso de la niña que ha sido envenenada, ha durado toda una noche para que se le pueda salvar la vida. Ocurrió más o menos a las 3 de la tarde y duró hasta el día siguiente, cuando falleció a las 4 o 5 de la mañana. Había posibilidades de salvarle la vida».
Qué exige la CARE al Programa PAIS
La organización indígena demandó investigar la conducta del personal del Tambo Potsoteni y de las autoridades del MIDIS para sancionar la omisión de auxilio, evaluar el reemplazo inmediato de la gestora del Tambo y del personal involucrado, y asegurar el funcionamiento continuo, las 24 horas y los 7 días de la semana, de las embarcaciones de emergencia en la cuenca del río Ene.
El oficio recoge el acta de una asamblea comunal realizada el 21 de septiembre y solicita el cambio inmediato de la gestora Jhoselyn Ruiz Terrones y del motorista Walter Andrés Pishirovanti, además de disposiciones obligatorias para garantizar los traslados médicos de emergencia.
Según el documento, el MoviTambo del Programa PAIS es el único medio de transporte fluvial disponible en la comunidad para estos casos, mientras que el puesto de salud local no cuenta con movilidad propia. CARE cuestiona que las emergencias dependan de la disponibilidad personal de los trabajadores y sostiene que, en una comunidad sin otras alternativas de transporte, el servicio debe contar con personal y movilidad disponibles para situaciones críticas.
La organización pide que PAIS emita una directiva para que el MoviTambo y su personal atiendan traslados de emergencia «sin distinción de días de descanso, sábados, domingos o feriados» y bajo responsabilidad administrativa y penal. El oficio también recuerda que el propio Manual de Operaciones de PAIS establece la coordinación con el sector Salud y otras entidades públicas para garantizar la prestación de servicios.
Un derecho que se reclama en la Amazonía
La CARE enfatizó que el acceso a la salud digna, oportuna y con enfoque intercultural es un derecho fundamental de las comunidades nativas, y advirtió que el abandono del Estado sigue cobrando vidas infantiles en los territorios indígenas. Para la organización, el problema no se limita a una falla operativa: plantea que la falta de una respuesta oportuna en una comunidad indígena aislada puede comprometer directamente el acceso efectivo a la salud y la vida de sus habitantes.
Hasta el cierre de esta nota, no se especifica si el Programa PAIS o el MIDIS emitieron una respuesta pública al oficio N.° 0317-2026-P/CARE ni si se inició una investigación administrativa o penal por los hechos denunciados.
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