La Iglesia Católica de Bolivia y la Defensoría del Pueblo convocaron a un “Pacto social por la paz y la reconciliación”, con el objetivo de buscar soluciones a las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y prevenir un aumento de la violencia.
16 fallecidos y bloqueos
La propuesta surge después de informarse al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 no recibieron atención médica debido a los bloqueos de carreteras. El conflicto ha impactado especialmente en la zona andina del país.
Ambas instituciones intentan mediar en el conflicto promovido por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, organizaciones que solicitan la renuncia de Paz, quien asumió la presidencia hace siete meses.
“Exhortamos a todas las partes a deponer toda actitud que evite solucionar el conflicto y a participar de este encuentro con espíritu de reciprocidad y complementariedad. No permitamos que la violencia nos arrebate la esperanza de construir una sociedad justa y armoniosa”, señalaron las instituciones en un comunicado.
Convocatoria urgente
La convocatoria, de acuerdo con un comunicado, está dirigida “de manera urgente a representantes provinciales y municipales” para “evitar una espiral de violencia, cuyas consecuencias generarían más sufrimiento, profundizarían las divisiones y dejarían heridas difíciles de sanar y reencauzar”.
El documento cuenta con la firma del secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y obispo de El Alto, Giovani Arana, y del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Diálogo sin oposición
La iniciativa busca reunir a distintos actores sociales para identificar alternativas que permitan disminuir la confrontación y construir consensos, con el fin de restablecer el diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados, quienes anunciaron protestas a partir del 1 de mayo y comenzaron los bloqueos el 6 de mayo.
La Iglesia Católica, la Defensoría y la Vicepresidencia promovieron recientemente dos reuniones de mediación, en las que solo asistieron representantes del Gobierno, sin la presencia de los líderes de las protestas.
Crisis y pérdidas económicas
Los dirigentes sindicales y campesinos solicitaron la suspensión de las órdenes de aprehensión en su contra, medida que la Justicia dejó en suspenso. A pesar de esto, no asistieron a las iniciativas de diálogo, en un contexto de crisis que ha generado desabastecimientos y pérdidas económicas estimadas en 2.400 millones de dólares.
Entre mayo y junio se registraron 16 muertes: 13 por falta de atención médica a causa de los bloqueos, un manifestante por un disparo durante un operativo policial y otras dos, según la Defensoría del Pueblo, en circunstancias aún no esclarecidas.
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