Condenan a médico por muerte de docente tras operación de útero en Huánuco

La Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Huánuco revocó la sentencia absolutoria dictada a favor del médico Robin Zegarra y lo condenó a un año de pena privativa de la libertad por el delito de homicidio culposo, en agravio de la docente Sara Rivera Flores. La pena quedó suspendida y estará sujeta al cumplimiento de normas de conducta. La decisión fue obtenida en segunda instancia por el Segundo Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco. El colegiado declaró fundada la apelación presentada contra la sentencia n.° 39-2026, emitida el 13 de febrero de 2026 por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Huánuco, que inicialmente absolvió al médico. Docente falleció dos días después de intervención Rivera Flores murió el 22 de agosto de 2025, dos días después de haber sido sometida a una intervención quirúrgica en una clínica privada de la ciudad de Huánuco. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, durante el procedimiento se le practicó la extirpación del útero. La Fiscalía cuestionó que el juzgado de primera instancia no realizara una valoración conjunta de los medios probatorios presentados durante el juicio. En su recurso sostuvo que el médico no consideró la aplicación de profilaxis antibiótica ni tromboprofilaxis después de la intervención. Según el requerimiento fiscal, estas omisiones fueron corroboradas mediante informes periciales forense y anatomopatológico. El Ministerio Público argumentó que dicha falta de medidas preventivas ocasionó el deterioro de la salud de la paciente luego de la operación. Estos elementos formaron parte de los cuestionamientos planteados para solicitar que se revoque la absolución. Reparación civil aumentó a S/30 000 Tras evaluar la apelación, la Sala reformó el fallo y declaró a Zegarra responsable de homicidio culposo. Además, incrementó la reparación civil fijada a favor de la parte agraviada: el monto pasó de S/20 000, establecido en primera instancia, a S/30 000. El caso estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Óscar Salazar Rivera. Aunque la condena no implica el ingreso del sentenciado a un establecimiento penitenciario, Robin Zegarra deberá respetar estrictamente las reglas de conducta que disponga la autoridad judicial durante el periodo de suspensión de la pena, según lo establecido en el fallo condenatorio.