Una notificación que solicitaba actualizar un teléfono celular precedió a dos transferencias bancarias que su propietario asegura no haber autorizado. El caso, investigado en la provincia de Leoncio Prado, derivó en una orden de nueve meses de prisión preventiva contra una mujer de 33 años por presunto fraude informático.
El requerimiento fue presentado por el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, a cargo del fiscal provincial Milton Edgardo Jiménez Bonilla. El órgano judicial declaró fundada la solicitud mientras continúan las investigaciones por las operaciones que afectaron al denunciante. El Banco de la Nación también figura como agraviado.
Dos transferencias después del reinicio del celular
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 2026. El usuario recibió una notificación que le pedía actualizar el sistema de su teléfono. Tras aceptar la solicitud, el equipo se reinició y, posteriormente, comenzaron a llegar alertas sobre movimientos bancarios.
El denunciante identificó dos transferencias interbancarias por un total de S/ 9980. Una de ellas, de S/ 5000, tuvo como destino una cuenta vinculada a la mujer investigada. Esa operación forma parte de los elementos que sustentan las diligencias.
Después de la denuncia, agentes del Departamento de Investigación Criminal intervinieron y detuvieron a la sospechosa en Aucayacu, distrito de José Crespo y Castillo. Durante las actuaciones se incautaron teléfonos celulares para su revisión.
Fiscalía advierte posible eliminación de información
Las pesquisas identificaron el presunto uso de plataformas digitales, billeteras electrónicas y aplicaciones de mensajería para movilizar el dinero. La Fiscalía también advirtió posibles acciones dirigidas a eliminar información de los dispositivos, circunstancia que incorporó a su argumentación sobre el peligro de obstaculización.
Para solicitar la prisión preventiva, el despacho fiscal expuso los elementos de convicción reunidos, la presunta insuficiencia de arraigos y los riesgos de fuga y obstaculización. Asimismo, sustentó la expectativa de pena correspondiente a la imputación.
El juzgado evaluó el requerimiento y dispuso la medida para asegurar la presencia de la investigada durante el proceso. La decisión es provisional y no constituye una sentencia ni establece su culpabilidad.
La investigación continuará para esclarecer el origen de las operaciones, reconstruir el recorrido del dinero y determinar la participación individual de quienes pudieran estar involucrados. La vinculación con una cuenta receptora deberá valorarse junto con los demás elementos recabados.
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