Seis personas fueron sentenciadas por el delito de minería ilegal agravada en la provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, luego de que aceptaran su responsabilidad penal mediante el proceso de terminación anticipada, informó la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Leoncio Prado. La investigación estuvo a cargo del fiscal Orlando Erick Tarazona Morales, del Ministerio Público – Distrito Fiscal de Huánuco. El caso fue declarado en agravio del Estado, a través del Ministerio del Ambiente.
Los condenados son Carlos León, Francisco Flores, Fabián Santillán, Segundo Ríos, Rocío García y Egidia Jara. La intervención fiscal se originó a partir de un operativo realizado el 19 de septiembre de 2025 en el caserío Alto de la Alianza, distrito de José Crespo y Castillo, donde —según la Fiscalía— se detectó un campamento destinado a la extracción ilegal de minerales en un área no autorizada, en las inmediaciones del río Magdalena.
Un campamento y equipos para extracción
De acuerdo con la información fiscal, durante la diligencia se halló maquinaria pesada, motobombas, herramientas especializadas y vehículos que presuntamente eran utilizados para actividades de minería ilegal. La ubicación del campamento y la existencia de equipos de extracción fueron considerados como parte de los elementos que sustentaron la imputación por minería ilegal agravada.
La Fiscalía señaló que, tras las diligencias y la evaluación de los elementos de convicción, los investigados optaron por admitir los cargos en el marco de la terminación anticipada, mecanismo legal que permite abreviar el proceso cuando hay aceptación de responsabilidad.
Penas suspendidas y reparación civil
Como resultado, cinco de los implicados recibieron cinco años de pena privativa de libertad, suspendida por un periodo de prueba de dos años y seis meses. Para Rocío García, se dictó tres años, cuatro meses y nueve días de pena suspendida, al haberse considerado responsabilidad restringida.
Además, se fijó el pago individual de S/ 2,307.85 por reparación civil, junto con días multa. En este caso se aplicó el artículo 314-D del Código Penal, que permite una reducción de pena en delitos ambientales cuando los imputados brindan información relevante para el esclarecimiento de los hechos, según precisó el Ministerio Público.
Pobladores de sectores cercanos han expresado en distintas ocasiones su inquietud por el impacto de estas actividades sobre los cursos de agua y los suelos, por lo que demandan operativos continuos. El Ministerio Público reafirmó que mantendrá acciones contra la minería ilegal y otros delitos ambientales en la región.
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