La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco logró una sentencia condenatoria contra tres investigados por el delito de colusión agravada , en agravio de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulán , en un caso vinculado a la contratación para la elaboración del expediente técnico de un proyecto de irrigación ejecutado en el año 2012 . La decisión judicial fue obtenida por el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Huánuco , a través de la labor de la fiscal adjunta provincial Isabel Fernández Aquino , quien sostuvo la acusación contra Raúl Sosa , Yerson Cajas y Jaime Moreno , señalados por haber concertado de manera indebida durante el proceso de contratación del proyecto denominado “Creación del Canal de Irrigación Pilpil–Runtog–Achinca” . Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron entre octubre y noviembre de 2012 y se extendieron hasta los primeros meses de 2013 , periodo en el que los ahora sentenciados habrían favorecido de manera irregular al Consorcio Pilpil durante la ejecución contractual y el trámite de pagos. De acuerdo con los elementos expuestos en juicio, los imputados autorizaron desembolsos pese a que no se habían cumplido los términos de referencia establecidos en el contrato. La Fiscalía sostuvo que se permitió la presentación de informes fuera del plazo previsto, además de documentos incompletos y sin la debida conformidad técnica, situación que derivó en un perjuicio económico para la comuna de Chaulán . Durante el proceso, el Ministerio Público presentó diversos medios probatorios, entre ellos documentos contractuales, informes técnicos, pericias y testimonios, con los que buscó acreditar la concertación ilícita entre los funcionarios involucrados y el representante del consorcio beneficiado. Como resultado del juicio, se impuso a Raúl Sosa , Yerson Cajas y Jaime Moreno una pena de seis años de privación de libertad con carácter efectiva, aunque su ejecución fue suspendida bajo el cumplimiento de reglas de conducta. Además, el fallo estableció el pago solidario de una reparación civil ascendente a 238 mil 233 soles por daño patrimonial y 100 mil soles por daño extrapatrimonial. La sentencia también dispuso la inhabilitación de los condenados por tres años para ejercer función pública. Con este resultado, el Ministerio Público señaló que reafirma su compromiso de continuar enfrentando los delitos de corrupción y de defender los recursos del Estado frente a actos que afecten a las instituciones y a la ciudadanía.
