Una denuncia por el hurto de un celular terminó con la captura de dos jóvenes investigados por presunta extorsión en Amarilis. La agraviada, a quien le sustrajeron el equipo el 5 de mayo, recibió llamadas en las que le exigían S/ 350 para devolvérselo, bajo el argumento de que ese monto había sido pagado por el aparato.
Según la Policía, la víctima aceptó acudir al punto acordado, pero antes informó lo ocurrido a efectivos de la Comisaría de Huánuco. Con esa alerta, personal del Área de Capturas organizó un operativo para intervenir a los presuntos implicados sin exponer a la denunciante.
La cita fue pactada en inmediaciones de Fonavi 4, en Amarilis, cerca de la parte posterior de la discoteca “El Mandingo”. Al llegar al lugar, la agraviada fue contactada por un sujeto que se encontraba con un menor de edad y que la condujo hacia los jirones Loreto y Amazonas, donde la esperaba otro hombre.
Dinero a cambio del equipo
En ese punto, los policías intervinieron a Royer Raimer Berrospi Trebejo, de 28 años, y a Juan Isuiza Morales, de 29, quienes fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias correspondientes. Durante el registro, los agentes encontraron en poder de uno de ellos un teléfono que la denunciante reconoció como suyo.
Otro reporte policial precisó que la intervención se realizó aproximadamente a las 6:30 de la tarde, en la intersección de los jirones Gabriel Aguilar Nalverte y Santos Atahualpa, a la altura de la urbanización Fonavi 4. En el registro personal se incautó un celular con IMEI reportado como hurtado mediante denuncia del 5 de mayo de 2026.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Depincri, previa comunicación al Ministerio Público. La investigación deberá establecer si ambos participaron en el hurto inicial del equipo o si solo intentaron obtener dinero para su devolución.
El caso abre una línea clave para la Policía: determinar si este hecho corresponde a una práctica aislada o a una modalidad frecuente en la que celulares robados son usados para ubicar a las víctimas y exigir pagos bajo presión. La Fiscalía evaluará si los hechos configuran extorsión, receptación u otro delito contra el patrimonio.
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