La defensa legal de los padres de Santiago, el menor de 13 años fallecido tras una cirugía en el hospital Hermilio Valdizán, sostuvo que el caso no solo comprometería al nosocomio regional, sino también a otros establecimientos de salud donde, según la versión familiar, el adolescente habría buscado atención antes del desenlace fatal. El abogado Venturo Laurencio anunció que su estudio jurídico asumirá el caso por una presunta negligencia médica.
Laurencio afirmó que, de acuerdo con lo relatado por los padres, el menor acudió primero a EsSalud y luego habría pasado por otros centros de atención antes de llegar al hospital Hermilio Valdizán. Según el abogado, Santiago presentaba fuertes dolores abdominales y debía recibir atención inmediata por tratarse de una emergencia médica. “El menor se retorcía de dolor. No podía dejar de ser atendido por un tema administrativo”, señaló.
El abogado mencionó la Ley 27604 y sostuvo que toda persona tiene derecho a recibir atención médica de emergencia en establecimientos públicos o privados. Según su interpretación, la presunta negativa o demora en la atención configuraría responsabilidad administrativa y penal. También cuestionó que, cuatro días después del fallecimiento, no existan detenidos ni medidas fiscales visibles contra personal médico o administrativo.
Defensa apunta a varios establecimientos
Laurencio indicó que la investigación no debe limitarse al hospital Hermilio Valdizán, donde el menor fue intervenido quirúrgicamente, sino extenderse a EsSalud y a los establecimientos que habrían atendido o rechazado al adolescente antes de su ingreso final. Según dijo, la defensa buscará reconstruir toda la ruta médica seguida por Santiago.
Los padres del menor realizaron un plantón en la plaza principal de Huánuco para exigir que el caso no quede impune. La madre de Santiago pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. “Quiero justicia para mi hijito”, manifestó durante la protesta.
El pronunciamiento del abogado abre un nuevo frente en el caso, hasta ahora centrado en la cirugía, la anestesia y la investigación interna anunciada por la Dirección Regional de Salud. La clave estará en conocer si la Fiscalía incorpora la ruta previa de atención médica y si los establecimientos mencionados entregan registros, horarios e informes sobre el paso del menor antes de su muerte.
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