Entre 1971 y 1982, hice mis estudios de primaria y secundaria. La promesa de llevarme a la escuela las Garay nunca se cumplió. Antes que ir al colegio Leoncio Prado, preferí, por presión de los amigos, al Amauta José Carlos Mariátegui; allí se forjó mi carácter para sobrevivir y enfrentar los desafíos y superar las adversidades. Escuché que algunos compañeros míos procedían de colegios de Huánuco y de familias pudientes. Eran los “célebres expulsados” por conductas inadecuadas y actos en contra del reglamento y las normas. Se les veía como rebeldes sin causa, dignos de admiración e imitación. Ser camarada del negro Sanabria era un privilegio, mejor que recibir la bendición de Juan Pablo II. El Pato Cueva era experto en robar exámenes para luego venderlos como si fueran entradas para el cine. ¿Cómo lo hacía? Yo presumía que había un negociado con el docente. Por esos años, la dictadura de Morales Bermúdez, los sueldos de los docentes eran miserables. Ser profesor no valía la pena. En las aulas de cuarto y quinto, había, por lo menos, un par de ellos. Se decía que habían golpeado brutalmente a un compañero, le faltaron el respeto a los docentes, que iban a clases oliendo a licor, que fumaban en los baños, que abusaban de los estudiantes de años inferiores. Verlos daba recelo incluso miedo para enfrentarlos directamente. Nunca les faltaba dinero en la billetera. En esos tiempos, se expulsaba a estudiantes díscolos e incorregibles. Imperaba el método funcional de “la letra con sangre entra”. El docente corregía con castigo físico para enderezar al árbol torcido. No había quejas ni denuncias. Al contrario, los padres de familia agradecían el trabajo educador del docente. La realidad educativa de hoy es otra. Las leyes y normas ministeriales impiden la práctica del maltrato y la afectación emocional. No se conocía el SíseVe ni protocolos de abordaje de violencia escolar y bienestar socioemocional. El profesor ejercía su autoridad coherente y firme. Los estudiantes no pueden ser sometidos a actos humillantes ni realizar tareas que los ridiculicen públicamente.
Están recluidos en el centro correccional de Maranguita seis adolescentes acusados de presunta violencia sexual. Ante el aumento de casos de violencia escolar, se ha puesto sobre la mesa del debate político y público el tema de la expulsión de estudiantes con comportamiento inaceptable, peligrosos y de alto riesgo para la integridad física, psicológica y emocional de los demás, inclusive del docente y directivo. No es admisible que la víctima y el agresor compartan la misma aula, el mismo patio, el mismo cafetín, el mismo docente y la misma infraestructura. Pero si fuera el docente el agresor, inmediatamente se dispone la separación temporal o definitiva como medida de protección y prevención, mientras dure la investigación policial y fiscal. ¿Si resulta inocente de las imputaciones, quién le restaura el honor y la reputación personal y profesional? No se debe normalizar la violencia ni la agresión ni generar una cultura de impunidad. La violencia escolar, desde donde venga, es reprobable, lesiona a veces irreversiblemente la personalidad y el posterior desempeño social, no se negocia y se le debe combatir con autoridad indubitable, la ley y las normas claras. Los estudiantes tienen que entender que existen normas y límites que se deben cumplir dentro de una comunidad que convive democráticamente. Los actos tienen consecuencias que se deben asumir personalmente. La familia es la primera escuela doméstica; los padres son los primeros maestros de sus hijos, a quienes educa con responsabilidad, coherencia y ejemplo. Los hijos revelan visiblemente cómo los educaron sus padres. La escuela refuerza la educación familiar y fomenta el aprendizaje cognitivo y por competencias. El conocimiento suma, la actitud multiplica. Un sabio o un erudito sin ética ni habilidades socioemocionales siempre va a ser egoísta, con nula empatía.
La escuela educa ciudadanos, más allá de la transmisión de conocimiento científico. El ministro Chang ha propuesto una directiva ministerial para darle autonomía de decisiones a la escuela y separar (o expulsar), según sea el caso y la gravedad, a estudiantes cuyo desempeño conductual sea una amenaza, violento, de perjuicio a los demás, irascibles y reincidentes de aceptar y cumplir las normas de convivencia. ¿Dónde están las causas de esas conductas disruptivas? ¿Qué hacer con esos estudiantes? Primero, se debe seguir el debido proceso administrativo dentro del marco de los protocolos y la ley, que deben precisar si amerita una amonestación, exhortación preventiva, con pleno conocimiento de los padres de familia, y, finalmente, separación temporal o definitiva. Esa es la ruta. Los demás estudiantes ya no estarían expuestos al maltrato y el abuso y los docentes tendrían mejores condiciones para su trabajo pedagógico. Los estudiantes tienen que seguir con el derecho a la educación; eso no se puede suprimir. Recibirían clases virtuales, a distancia o adoptar la modalidad de la EBA (Educación Básica Alternativa) en las noches. Así se disminuirían los casos de violencia escolar, el registro en el SíseVe llegaría a cero y sentaría un precedente de que la escuela no es una jungla de cemento donde el más fuerte impone su código de intimidación, de rapacidad, de viveza, de maltrato y abuso. Se debe incentivar la denuncia de agresiones; el silencio ante el bullying significa sufrimiento y tortura emocionales y complicidad.
En PISA, no estamos en buena posición en lectura, matemática y ciencia. Los resultados de la ENLA (Evaluación de Logros de Aprendizaje) tampoco son auspiciosos. Hay un reto institucional y profesional del desempeño docente, la gestión educativa y la lucha frontal contra la anemia y la desnutrición crónica infantil. El bajo rendimiento académico no es casualidad, por déficit mental o incompetencia de atención e interés para aprender, sino también por la crueldad del bullying y el acoso por las redes sociales; el uso desenfrenado del celular es un serio problema para los aprendizajes. La tecnología debe estar al servicio de la educación y la comunicación pertinente. Horas y horas con el celular genera adicción y distracción, postergan el estudio, la lectura y la integración familiar. Merecemos vivir en una sociedad y en instituciones con dignidad, en paz, sin perturbación emocional ni agresiones. Siempre habrá discrepancia y consenso democráticos. Es necesario fomentar una cultura de paz y convivencia saludable y respetuosa. Ponerle freno seco a la violencia escolar es proteger la integridad emocional de los estudiantes y la confianza del docente. Las II. EE públicas y privadas implementan y ejecutan la RM N°. 383-2025-Minedu. La escuela es el escenario de vivencias indelebles en la memoria de los estudiantes. Basta ver la felicidad de exalumnos en el aniversario de su colegio. En la escuela, el estudiante debe residir feliz y seguro, con bienestar socioemocional y prevención de cualquier modalidad de violencia dentro del perímetro de la IE y fuera de ella. Ni un centímetro más a la violencia escolar.
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