LA DEMOCRACIA INDEFENSA

Incapacidad estatal, partidos de alquiler y la avanzada extremista en el Perú

I. El viraje silencioso hacia la legalidad

El 12 de septiembre de 1992, la captura de Abimael Guzmán marcó el colapso militar de Sendero Luminoso. Sin embargo, las cartas enviadas por la dirigencia subversiva solicitando un Acuerdo de Paz no representaron una renuncia doctrinaria, sino lo que la propia cúpula denominó un recodo en el camino (PCP-SL, 1993). Incapaces de sostener la lucha armada frente a las Fuerzas Armadas y las rondas campesinas, la facción acuerdista inició una segunda etapa estratégica: replegar la violencia abierta para volcarse a la infiltración gremial y la acumulación de fuerzas en la legalidad democrática (Tapia, 2002). Treinta años después, el diagnóstico es innegable. Aquella estrategia de penetración silenciosa ha dado frutos no por la superioridad teórica del extremismo, sino por el abandono estructural del territorio por parte del Estado y el colapso del sistema de partidos. Un reportaje de Cuarto Poder difundido esta semana reveló que al menos diez trabajadores y asesores contratados en despachos de parlamentarios del nuevo Congreso bicameral figuran en el planillón del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso. Renovación Popular ya solicitó a la DIRCOTE información detallada sobre estos vínculos y exige que la Mesa Directiva revise los expedientes del personal señalado. La democracia peruana enfrenta las consecuencias de su propia ingenuidad institucional: una democracia boba que garantizó libertades formales pero desarmó sus defensas ideológicas y territoriales.

II. El caldo de cultivo: asimetría estatal y trabajo de filigrana

El radicalismo ideológico no florece en el vacío; requiere un terreno fértil de postergación y descontento. Tras el repliegue militar, los cuadros extremistas concentraron su trabajo en las zonas altoandinas y rurales -especialmente en Ayacucho, Puno, Apurímac, Huancavelica y el VRAEM- donde el Estado ha tenido históricamente una presencia archipielágica: la legalidad y los derechos ciudadanos existen solo formalmente pero carecen de efectividad real (O'Donnell, 1993). A través del trabajo sistemático en el magisterio rural vía el histórico CONARE-FENATEP, los frentes de defensa regionales y los movimientos universitarios, se construyó un sentido común antiburgués y antisistema (CVR, 2003). El maestro de escuela rural o el dirigente comunitario actuaron como intelectuales orgánicos, modelando la frustración social de poblaciones históricamente desatendidas. Los nombres son concretos: Íber Maraví investigado por vínculos con estructuras terroristas; Moisés Chipana Chipana, que en 2020 reemplazó a Pedro Castillo en la presidencia del Fenatep; César Tito Rojas, señalado como fundador de estructuras vinculadas al Movadef. El exministro del Interior Carlos Basombrío lo diagnosticó sin rodeos: existe una bancada de Sendero Luminoso dentro del nuevo parlamento. Frente a un Estado central percibido como distante o extractivo, la prédica radical ofreció una explicación simplista pero eficaz: la culpabilidad del modelo republicano y la necesidad de una ruptura estructural. Lo más alarmante no es la presencia de estos cuadros en el Legislativo, sino la impunidad con la que responden: negativas, evasivas y silencios, como tituló El Comercio en su editorial de esta semana.

III. La democracia boba y los partidos de alquiler

La llegada de estos perfiles al Parlamento no es un hecho fortuito; es el síntoma del colapso de la representación política en el Perú. El diseño institucional del país ha operado bajo una visión legalista y ciega, desprovista de los mecanismos de democracia militante o autodefensa normativa que caracterizan a los regímenes democráticos consolidados (Loewenstein, 1937; Capoccia, 2013). El sistema electoral funciona únicamente con filtros punitivos de última ratio: sentencias judiciales firmes o condenas penales por terrorismo. Sin embargo, resulta completamente incapaz de activar alertas tempranas frente a la adscripción ideológica subversiva o la militancia en organismos de fachada. Mientras la DIRCOTE acumula informes sobre la infiltración de estos cuadros en la vida pública, el sistema político carece de puentes normativos para traducir esa información en contrapesos legales. A esta vulnerabilidad se suma la irresponsabilidad de los partidos políticos convertidos en cascarones vacíos sin vida orgánica ni debate doctrinal (Tanaka, 2023). Por puro pragmatismo electoral, los partidos de alquiler han servido como caballos de Troya, entregando la inmunidad del Congreso a perfiles que buscan socavar las bases del propio sistema republicano desde adentro. Y el Estado les paga para que lo hagan: los trabajadores identificados perciben sueldos de entre once mil y catorce mil soles mensuales en los despachos parlamentarios, financiados por el erario público.

IV. La solución: pedagogía republicana y trabajo orgánico

Frente a este escenario, la respuesta de la democracia no puede ser la resignación ni el terruqueo indiscriminado. La adjetivación simplista y el estigmatizado generalizado solo consiguen victimizar al extremismo y alimentar el espiral de polarización. Conviene distinguir con precisión: por un lado se encuentra el voto de protesta de un electorado abrumadoramente pragmático que no comparte la doctrina marxista-leninista pero utiliza la papeleta como canal de sanción contra el centralismo limeño; por otro, la agenda ideologizada de los cuadros consolidados en el magisterio rural y los frentes de defensa. Confundir la justa demanda de la ciudadanía postergada con el ideario de sus representantes extremistas es un error táctico que solo profundiza la brecha territorial. La batalla exige una estrategia en tres frentes: primero, los movimientos y partidos democráticos deben abandonar la práctica de buscar el voto en el Perú profundo solo en época de campaña y desplegar trabajo de filigrana territorial los trescientos sesenta y cinco días del año. Segundo, las nuevas bancadas democráticas tienen el deber de actuar como diques de articulación republicana y fiscalizar que el gasto público genere valor real en las zonas olvidadas. Tercero, la batalla de las ideas y la concientización de las poblaciones altoandinas con argumentos sólidos y presencia estatal eficiente. Como advierte Vergara (2023) al analizar la crisis de representación peruana, la única respuesta eficaz frente a la captura extremista de los espacios democráticos es la reconstrucción de la confianza ciudadana en la política representativa mediante presencia orgánica, servicios reales y una narrativa nacional que recupere el sentido de lo colectivo. La democracia no se defiende solo con leyes ni con declaraciones de prensa; se defiende demostrando en el barro, en las aulas y en los mercados rurales que el modelo republicano entrega lo que el extremismo solo promete. Todo está escrito. Lo que falta es la vergüenza de que alguien lo lea en voz alta.