La periodista de investigación Geraldine Santos afirmó que los periodistas peruanos enfrentan un escenario cada vez más complejo debido a amenazas, hostigamiento y hechos de violencia vinculados a su labor informativa. Durante una entrevista, explicó que su trabajo en territorios indígenas de la Amazonía peruana la ha expuesto a advertencias, amenazas e incluso intentos de silenciar investigaciones relacionadas con criminalidad organizada y vulneración de derechos humanos.
Santos señaló que en los últimos días se difundió ampliamente información relacionada con las amenazas que ha recibido. Según explicó, parte de la controversia surgió por la difusión de protocolos de seguridad implementados por medios especializados para proteger a periodistas que realizan coberturas de alto riesgo. La investigadora precisó que estos mecanismos buscan resguardar la integridad de los reporteros frente a posibles escenarios de violencia.
La periodista indicó que su labor se concentra en investigaciones sobre actividades ilícitas y afectaciones a poblaciones indígenas, incluyendo temas relacionados con la criminalidad dentro de territorios amazónicos y situaciones de vulneración de derechos. Asimismo, afirmó que organizaciones internacionales dedicadas a la protección de periodistas han expresado preocupación por la situación de la libertad de prensa en el país.
Preocupación por asesinatos e impunidad
Durante la entrevista, Santos sostuvo que cuatro periodistas de regiones fueron asesinados durante el último año y afirmó que, hasta el momento, no existirían responsables detenidos por esos casos. La periodista atribuyó esta situación a un contexto de impunidad que, según su evaluación, incrementa la vulnerabilidad de quienes ejercen labores informativas fuera de Lima.
Según relató, los casos ocurrieron en distintas regiones del país y estaban vinculados, de acuerdo con su versión, a coberturas relacionadas con presuntos hechos de corrupción en gobiernos locales y regionales. Santos señaló que los periodistas afectados realizaban trabajos informativos sobre el uso de recursos públicos y la gestión de autoridades de sus respectivas jurisdicciones.
La investigadora también manifestó que existe preocupación por el avance de economías ilegales en distintas zonas del territorio nacional. Aunque precisó que no todos los periodistas asesinados investigaban directamente estas actividades, sostuvo que varios de ellos informaban sobre problemáticas vinculadas a la minería ilegal y otras expresiones de criminalidad organizada.
Libertad de prensa bajo presión
Santos afirmó que las amenazas contra periodistas no provendrían únicamente de organizaciones criminales. Citando informes internacionales, indicó que una parte importante de los ataques y hostigamientos reportados tendría relación con autoridades o instituciones gubernamentales. Estas afirmaciones fueron expresadas por la entrevistada durante la conversación y no fueron contrastadas en el material proporcionado.
Asimismo, señaló que organizaciones como el Colegio de Periodistas y la Asociación Nacional de Periodistas vienen alertando sobre un incremento de la hostilidad, las presiones judiciales y los ataques contra comunicadores. De acuerdo con su análisis, la situación afecta no solo a los profesionales de la prensa, sino también al derecho ciudadano de acceder a información de interés público.
La periodista sostuvo que los mecanismos de protección existentes requieren fortalecimiento y expresó preocupación por la falta de confianza de algunos comunicadores para activar protocolos de seguridad. Según indicó, la combinación de amenazas, violencia e impunidad representa uno de los principales desafíos para el ejercicio del periodismo en el país.
El debate sobre la protección de periodistas, la investigación de los crímenes contra comunicadores y las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa continúa abierto. Mientras persistan las denuncias sobre amenazas e impunidad, seguirá pendiente la respuesta de las instituciones responsables de garantizar la seguridad de quienes cumplen una función clave en la vigilancia democrática y el acceso ciudadano a la información.
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