El acceso a internet de alta velocidad en la región Huánuco está más cerca de convertirse en una realidad. Tras varios años de ejecución y múltiples dificultades, el proyecto de banda ancha impulsado por el Estado peruano entra en su fase final, con una inversión aproximada de 80 millones de dólares y la promesa de reducir significativamente la brecha digital en zonas urbanas y rurales.
Según informó el director de telecomunicaciones de la Dirección Regional de Transportes, Fernando Estrada Solórzano, la iniciativa —ejecutada por el Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL)— contempla la instalación de más de 1,600 kilómetros de fibra óptica, con cobertura en los 84 distritos, 11 provincias y 348 localidades de la región.
El proyecto, iniciado en 2019, tiene prevista su culminación a finales de junio. La infraestructura permitirá llevar conectividad de alta calidad mediante fibra óptica, complementada con radioenlaces (antenas) para alcanzar centros poblados alejados. Esta combinación busca garantizar cobertura en territorios de difícil acceso geográfico.
La implementación se realizará en fases. En una primera etapa, el servicio estará destinado exclusivamente a instituciones públicas como colegios, centros de salud y comisarías. El objetivo es fortalecer servicios esenciales mediante herramientas digitales, facilitando procesos como la teleeducación, la telemedicina y la gestión administrativa.
Posteriormente, en una segunda fase, el acceso se ampliará a la población en general, aunque bajo un esquema de tarifa moderada. Este aspecto genera interrogantes sobre la real accesibilidad del servicio en sectores rurales con limitaciones económicas.
Como parte del componente social del proyecto, se instalarán 59 centros de acceso digital con equipos informáticos y capacitación en alfabetización digital. Además, se habilitarán 315 plazas con Wi-Fi público, lo que permitirá a los ciudadanos conectarse en espacios comunitarios.
El sistema contará con un periodo de operación y mantenimiento de 10 años a cargo de la empresa Bantel, mientras que PRONATEL supervisa la ejecución y el Gobierno Regional asumirá posteriormente funciones de control y seguimiento.
A pesar de su relevancia estratégica, el proyecto ha enfrentado importantes obstáculos. Aunque fue contratado en 2019, su entrega se ha postergado hasta 2026. Entre las principales causas figuran la paralización de actividades durante la pandemia, así como conflictos sociales en diversas localidades.
Uno de los problemas más recurrentes ha sido la resistencia de algunas comunidades a la instalación de antenas, motivada por creencias sobre posibles efectos negativos en la salud, como la radiación o el cáncer. Esta situación ha derivado incluso en la expulsión de personal técnico y retrasos en la ejecución.
A ello se suman incidentes de seguridad, como el robo de equipos y nodos de telecomunicaciones, lo que evidencia debilidades en la protección de la infraestructura.
Frente a estas preocupaciones, las autoridades aseguran que las antenas cumplen con los límites permisibles de radiación y no representan riesgos para la salud, respaldando esta afirmación con mediciones técnicas realizadas en campo.
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