El evaluador de riesgo Jesús Prudencio advirtió que los desbordes de ríos y huaicos seguirán causando daños si las autoridades no adoptan medidas de prevención más eficaces. Señaló que el problema no solo está en la ocurrencia de lluvias intensas, sino también en la falta de acciones sostenidas para reducir el riesgo en las zonas más vulnerables.
Explicó que la prevención debe incluir medidas estructurales y no estructurales. Entre ellas mencionó la limpieza de cauces, la reforestación con especies adecuadas y la protección de suelos inestables en áreas cercanas a ríos y quebradas. Remarcó que estas acciones no son ajenas a la capacidad técnica del Estado, ya que existen profesionales y especialidades que pueden intervenir en este tipo de trabajos. En ese sentido, sostuvo que hace falta mayor previsión y compromiso de servicio para evitar que los problemas se repitan cada año.
Ocupación de zonas de riesgo
Prudencio también indicó que la población debe contribuir al ordenamiento territorial y evitar ocupar espacios prohibidos, como cauces y quebradas. Recordó que la naturaleza suele recuperar su territorio de manera cíclica, incluso después de varios años sin registrarse emergencias graves en una zona determinada.
Como ejemplo, mencionó lo ocurrido en Santa María del Valle, donde un huaico volvió a activarse después de varias décadas y dejó consecuencias fatales. Añadió que situaciones similares se repiten en sectores como Huachipa y Huaracalla, donde cada año se registran dificultades por el mismo problema. A su juicio, estos antecedentes demuestran que ya existe suficiente evidencia para impulsar obras de ingeniería más serias y permanentes, sobre todo en puntos que afectan carreteras y vías de alta importancia para la circulación y la economía.
Falta de articulación
Sobre la responsabilidad de atender estos riesgos, Prudencio consideró que debe ser asumida de manera conjunta por municipalidades, gobierno regional y ministerios. Sin embargo, observó que en la práctica no existe una intervención articulada y que muchas veces las entidades terminan deslindando funciones entre sí, sin resolver el problema de fondo.
Asimismo, señaló que con frecuencia se priorizan obras más visibles para la población, mientras que las acciones preventivas quedan relegadas. Según explicó, esta situación limita la ejecución de trabajos que podrían reducir daños futuros, aunque no generen el mismo impacto político que otras obras urbanas.
Prudencio agregó que el escenario podría empeorar por efecto del cambio climático y por la falta de continuidad de las políticas públicas. Indicó que los cambios de gobierno suelen interrumpir procesos y evitar la consolidación de estrategias de largo plazo. Aunque reconoció que existen instituciones como Indeci, COER y las oficinas de defensa civil, sostuvo que el principal problema está en la débil articulación y en la necesidad de contar con personal idóneo en cargos técnicos vinculados a la gestión del riesgo.







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