El proceso electoral en Huánuco ha derivado en un impasse institucional tras la denuncia del candidato Rodolfo Espinoza sobre irregularidades en 1,800 actas observadas. A casi dos semanas de la jornada de votación, el reclamo ha escalado a instancias judiciales, con pedidos formales ante la Fiscalía de Prevención del Delito y la Defensoría del Pueblo para intervenir una etapa del conteo que, según los denunciantes, carece de estándares mínimos de publicidad.
Espinoza sostiene que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alteró la secuencia lógica del cómputo. Según su equipo técnico, se dio prioridad a actas de zonas rurales alejadas —donde el escrutinio suele ser más lento—, mientras que el material de sectores urbanos como Huánuco, Amarilis y Pillco Marca permanece estancado en la fase de observación. Esta "anomalía en la trazabilidad" es señalada como el centro de una presunta manipulación del resultado final.
"Es inexplicable que actas de distritos a horas de distancia se procesaran de madrugada, mientras que las de la capital regional concentran el grueso de las impugnaciones", precisó el abogado. La denuncia vincula este escenario con la reciente renuncia de Piero Corvetto a la ONPE y la presunta injerencia de asesores extranjeros, lo que en opinión de Espinoza, forma parte de un "plan modelo" para afectar el ingreso de votos procedentes de las áreas con mayor cultura electoral.
El conflicto de las actas y la respuesta institucional
El foco de la controversia se centra ahora en el acceso a la visualización de las actas. Según el reporte presentado a las autoridades, personeros legales y ciudadanos han enfrentado restricciones para supervisar el procesamiento del material bajo cuestionamiento. Esta falta de transparencia ha motivado que la Defensoría del Pueblo reciba documentación sobre las dificultades para observar un procedimiento que, por norma, debe ser público.
Hasta el momento, ni la ONPE ni el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han emitido un pronunciamiento técnico que aclare el orden del procesamiento o el estado real de las 1,800 actas en disputa. Esta ausencia de respuesta oficial ha profundizado la desconfianza ciudadana en una provincia donde el resultado final del Senado depende, precisamente, del material electoral que hoy se encuentra bajo sospecha legal.
Lo que sigue en este escenario de incertidumbre es la resolución de las actas observadas por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE). El plazo para estas decisiones será determinante para establecer si el reclamo de Espinoza se consolida como una denuncia penal por fraude o si el sistema electoral logra recuperar la confianza mediante una auditoría transparente de los votos de Huánuco.
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