La ejecución del proyecto de inversión en el cultivo de té verde en el distrito de Daniel Alomía Robles ha derivado en una de las denuncias de corrupción más graves registradas recientemente en el Gobierno Regional de Huánuco. Según el Informe de Control Posterior N° 988-2026-CG/GRHC-AC, funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura (DRA) habrían orquestado la simulación de servicios técnicos, llegando incluso a falsificar firmas de ciudadanos fallecidos para sustentar el cobro de más de S/ 345,000.00 destinados a capacitaciones de agricultores que, según las pruebas recogidas, nunca ocurrieron.
El perjuicio económico total, que inicialmente se estimaba en una cifra menor, ha sido fijado por la Contraloría en S/ 478,800.00. De este monto, el componente más crítico corresponde a la contratación de doce proveedores por un monto de S/ 28,800.00 cada uno, una cifra calculada estratégicamente para evadir los controles de la Ley de Contrataciones del Estado. La auditoría confirmó que los expedientes de pago contenían fotografías repetidas de otros eventos y listas de asistencia con identidades suplantadas, configurando un presunto delito de falsificación de documentos y colusión agravada.
Este hallazgo fue difundido por la congresista Elizabeth Medina Hermosilla, quien tras fiscalizar el avance del proyecto valorizado en S/ 5.3 millones, alertó sobre la desconexión entre la inversión declarada y el abandono real de las 15 comunidades beneficiarias. "Estamos ante un acto de crueldad institucional: han usado nombres de personas muertas para vaciar las arcas del Estado mientras los agricultores de Leoncio Prado siguen esperando la asistencia técnica prometida", sostuvo la parlamentaria.
El esquema de las capacitaciones fantasmas
La modalidad detectada por el órgano de control revela un patrón de fragmentación de servicios. A fines de 2023, la DRA validó y dio conformidad a capacitaciones técnicas que supuestamente se realizaron de forma simultánea en diversas comunidades. Sin embargo, el cruce de información con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) permitió identificar que varios de los supuestos asistentes a las charlas ya habían fallecido antes de la fecha de ejecución de los servicios.
Además del fraude en las capacitaciones, el informe técnico documenta un perjuicio de S/ 133,200.00 vinculado a la adquisición de maquinaria y vehículos. En este rubro, los funcionarios no solo aceptaron unidades que no cumplían con las especificaciones de operatividad necesarias para la zona de selva, sino que también otorgaron ampliaciones de plazo irregulares, renunciando al cobro de penalidades que habrían servido para resarcir el daño al erario regional.
Responsabilidades y silencio institucional
La Contraloría ha individualizado la presunta responsabilidad penal en una cadena de mando que involucra a los responsables de las áreas de adquisiciones y logística. Entre los señalados figura el exdirector regional de Agricultura, Yarushel Valenzuela Segura, a quien se le atribuye responsabilidad administrativa por la falta de supervisión en la fase crítica del proyecto. Por su parte, la actual directora regional de Agricultura, Rosalin Tineo Malpartida, se ha limitado a señalar que el proyecto se encuentra actualmente en fase de liquidación, dejando la resolución de las sanciones en manos del Ministerio Público.
El expediente ha sido derivado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco para formalizar la denuncia penal. Mientras el proceso judicial avanza, las 15 comunidades tealeras de Daniel Alomía Robles enfrentan el fracaso de una inversión que debía transformar su capacidad productiva y que hoy solo existe en informes de liquidación cuestionados por la falsedad de sus propios sustentos.
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