La exclusión de Alfredo Quispe y la regidora Sherly Morales de la reunión con funcionarios de OTASS, en el marco de la crisis de Seda Huánuco, habría sido una decisión preventiva tomada por integrantes de la Comisión Regional Anticorrupción de Huánuco (CRAH). Según versiones vinculadas a la CRAH, ambos fueron rechazados por ser considerados candidatos o aspirantes políticos de cara a las elecciones de octubre próximo.
Estas versiones indican que la preocupación dentro de la comisión era evitar que la reunión técnica se convirtiera en un espacio de exposición política o que algún comentario afectara la negociación y los resultados que los participantes buscaban exigir frente a OTASS y Seda Huánuco. Esta explicación añade un nuevo ángulo al conflicto: la cita no solo fue cuestionada por el cierre de puertas, sino también por el criterio utilizado para definir quién podía ingresar.
En cuanto a la prensa, la razón habría sido distinta. Según la misma información, no se permitió el ingreso de periodistas porque la reunión fue considerada reservada. Esta condición, sin embargo, alimentó los cuestionamientos de los excluidos, quienes sostienen que el problema del agua y los cobros elevados requiere transparencia pública debido al impacto directo en los usuarios.
Una reunión bajo cálculo político
Alfredo Quispe, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Región Huánuco, denunció que inicialmente fue convocado a la mesa técnica y luego se le comunicó que ya no participaría. Según su testimonio, lo llamaron a las 8 de la mañana para solicitarle información sobre presuntos cobros indebidos en recibos de agua, documentación que aseguró haber enviado por correo.
Por su parte, la regidora provincial Sherly Morales también denunció que no se le permitió ingresar a la reunión, pese a que, según afirmó, viene trabajando el tema del agua desde 2023, cuando ocurrió un derrame de petróleo. Morales sostuvo que participó anteriormente en gestiones ante OTASS y que llevó información técnica sobre el canal de conducción, la planta de tratamiento y la ausencia de un plan de contingencia para Huánuco.
El dirigente indicó que a las 9 de la noche recibió una nueva comunicación informándole que ya no ingresaría. Quispe vinculó esa decisión con su actividad política y afirmó que se le habría observado por paneles relacionados con su eventual candidatura. “Yo desde el año pasado me he pronunciado que iba a postular”, señaló, rechazando que esa aspiración invalide sus reclamos sobre Seda Huánuco.
Quispe aseguró que su agenda para la reunión incluía el pedido de retiro de OTASS, la revisión de medidores cuestionados y la situación de infraestructura del sistema de agua. Según dijo, viene documentando reclamos desde noviembre y tiene registrados más de 150 usuarios afectados por recibos que considera excesivos.
Entre los casos que mostró, mencionó el suministro 01007532. Según su versión, en una vivienda deshabitada llegó un recibo de S/441.40 en marzo y otro de S/1,459.90 en abril. También afirmó que algunos usuarios obtuvieron reducciones tras reclamar, con recibos que habrían bajado de S/960 a S/14 y de S/500 a S/150.
Morales cuestiona falta de transparencia
Morales señaló que la ciudad arrastra una infraestructura de varias décadas, con tuberías antiguas, problemas de abastecimiento y una planta que, según su evaluación, ya colapsó. Además, sostuvo que el incremento de recibos estaría vinculado a la falta de válvulas de purga de aire, ya que las tuberías se llenarían de aire cuando se corta el servicio, lo que podría influir en la medición del consumo.
La regidora consideró que una reunión sobre un servicio esencial no debió cerrarse a autoridades, dirigentes ni medios. Su cuestionamiento apuntó a que la población necesita conocer qué se está negociando, qué compromisos asumirá OTASS y qué medidas se adoptarán frente a los cobros reclamados por usuarios de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca.
La nueva versión atribuida a integrantes de la CRAH cambia el centro de la controversia: la exclusión no habría sido solo un hecho administrativo, sino una decisión tomada para proteger el carácter técnico y reservado de la reunión frente al riesgo de uso político. El problema es que esa misma decisión dejó fuera a voces que dicen tener pruebas, casos documentados y reclamos ciudadanos acumulados.
El siguiente paso será conocer si la Comisión Regional Anticorrupción, OTASS o Seda Huánuco explican formalmente los criterios usados para permitir o negar ingresos. Mientras eso no ocurra, la mesa convocada para buscar salidas a la crisis del agua queda marcada por una pregunta incómoda: cómo garantizar resultados técnicos sin cerrar el acceso a quienes representan reclamos ciudadanos.
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